Las manifestaciones estallaron la semana pasada cuando Lenin Moreno puso fin a los subsidios al diésel y la gasolina extra, que han estado vigentes por décadas, en medio de un acuerdo con el FMI por US$ 4,200 millones, con el que buscan reducir un abultado déficit fiscal. (AP)
Las manifestaciones estallaron la semana pasada cuando Lenin Moreno puso fin a los subsidios al diésel y la gasolina extra, que han estado vigentes por décadas, en medio de un acuerdo con el FMI por US$ 4,200 millones, con el que buscan reducir un abultado déficit fiscal. (AP)
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Agencia Reuters

Movimientos sociales y sindicatos, liderados por los indígenas, comenzaron el miércoles en una huelga nacional, luego de que el presidente se negara a revocar medidas de austeridad que desencadenaron los peores disturbios en una década y dejaron a cientos de detenidos.

Las calles estaban casi vacías y algunas empresas cerradas en la capital Quito y otras ciudades, según testigos de Reuters, mientras de a poco se iban concentrando los manifestantes al comienzo del séptimo día de una jornada de protestas, en donde se han registrado saqueos y ataques a bienes públicos.

Las manifestaciones estallaron la semana pasada cuando Moreno puso fin a los subsidios al diésel y la gasolina extra, que han estado vigentes por décadas, en medio de un acuerdo con el (FMI) por US$ 4,200 millones, con el que buscan reducir un abultado déficit fiscal.

“Lo que hizo el gobierno es dar un premio a la gran banca, a los capitalistas del país y un gran castigo a los ecuatorianos pobres”, dijo Mesías Tatamuez, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), que aglutina a varios sindicatos del país.

“Llamamos a todos a la huelga, a los que están en contra del FMI que es el otro culpable de esta crisis”, agregó la tarde del martes a periodistas.

La organización indígena CONAIE, que ha movilizado a unos 6,000 miembros desde el centro y norte del país, dijo que el gobierno de Moreno se comportaba “al puro estilo de una dictadura militar” por declarar un estado de excepción y luego un toque de queda nocturno en determinadas áreas.

Moreno, quien asumió el cargo en el 2017, ratificó a última hora del martes que mantendrá vigente las medidas aunque dijo que está abierto al diálogo para buscar medidas de compensación a sectores afectados y no renunciará a la presidencia.

Las violentas protestas en Quito llevaron a Moreno a trasladar el su gobierno a la ciudad costera de Guayaquil, donde el reclamo ha sido menor.

Las autoridades han arrestado a cerca de 700 personas y docenas de policías han resultado heridos. Organizaciones de Derechos Humanos locales denunciaron el miércoles que 83 personas, incluidos adolescentes y mujeres, se encuentran “irregularmente detenidas” en un cuartel policial.

El Gobierno reconoció que mantiene diálogos con el movimiento indígena bajo el acompañamiento de las Naciones Unidas, la Iglesia Católica y rectores de universidades.

“Este es un gobierno de paz que toma decisiones, seguirá tomando decisiones, pero que tiende la mano. Aspiro que hoy podamos continuar la mesa de diálogo convocado por la ONU, con la Conferencia Episcopal”, dijo José Agusto Briones, secretario de la presidencia de Ecuador a un canal de televisión.

Moreno ha acusado al expresidente Rafael Correa, en cuyo gobierno fue vicepresidente, de intentar un golpe de Estado con ayuda del mandatario venezolano Nicolás Maduro.

Correa, desde Bélgica, negó la acusación y Maduro hizo lo propio desde Venezuela.

Moreno cuenta con el apoyo de la élite empresarial, las Fuerzas Armadas y no tiene una oposición fuerte, pero su popularidad ha caído a niveles de menos el 30% en dos años de gobierno.

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