El Gobierno de Argentina, presidido por el ultraliberal Javier Milei, decidió “rediseñar” el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA), finalizando los contratos de 619 consultores asociados al mismo.
“Ni se cierra (el Plan ENIA), ni se desmantela, ni se recorta. Se ordena”, recalcó en las últimas horas el Ministerio de Salud del país suramericano en un mensaje publicado en la red social X, en el que señala varios titulares aparecidos en la prensa argentina que hablan de “cierre”, “desmantelamiento” o “recorte” del plan.
El Plan ENIA fue implementado en 2018, durante la presidencia del conservador Mauricio Macri (2015-2019), y continuó estando vigente en el mandato del peronista Alberto Fernández (2019-2023).
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Hasta marzo del año pasado, el plan de prevención había reducido en más de diez puntos la tasa de fecundidad adolescente en el país suramericano, según datos oficiales del Ministerio de Salud, recogidos en el portal de verificación argentino Chequeado.
Esta tendencia es todo un hito en un país donde el problema de los embarazos adolescentes, mayoritariamente no intencionales y dados en las zonas más marginales de Argentina, se había mantenido por encima de la media de la región latinoamericana entre 1950 y 2015, según un informe conjunto de la ONG Cipppec, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
La “redefinición de competencias entre la Nación y las provincias” acometida por el actual Gobierno en el marco de los cambios en el Plan ENIA supondrían un ahorro de 1,150 millones de pesos (US$ 1,29 millones), según el Ministerio de Salud.
“Si las provincias quieren seguir con las contrataciones mencionadas, podrán hacerlo bajo su propia evaluación y solvencia”, afirmó el ministerio en un comunicado.
En sus primeros meses de Gobierno, el Ejecutivo de Milei ha abierto varias veces la puerta a penalizar de nuevo el aborto en Argentina, legal en Argentina desde 2020, tras un largo proceso político y en medio de intensas movilizaciones de los movimientos feministas del país.
En febrero pasado, Rocío Bonacci, legisladora de La Libertad Avanza (LLA), la fuerza política de ultraderecha liderada por Milei, presentó un proyecto de ley para derogar la ley de interrupción voluntaria del embarazo e incorporar penas de hasta tres años de cárcel para las mujeres que aborten.
Por su parte, el mandatario argentino ha llegado a calificar el aborto de “asesinato agravado por el vínculo”, pero su equipo reconoce que su derogación “no es parte de su agenda más próxima”.
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