El Gobierno de Argentina apelará a la Corte Suprema la decisión judicial tomada el martes por un tribunal de apelación del país que declaró la “invalidez constitucional” de la reforma laboral incluida por el presidente Javier Milei en el decreto de necesidad y urgencia que firmó en diciembre.
“Se va a apelar a cada una de las instancias que hagan falta y esa (la Corte Suprema) va a ser una de ellas”, dijo este miércoles el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su conferencia de prensa diaria en la Casa Rosada (sede del Gobierno).
El portavoz aseguró que el Gobierno de Milei está convencido de que su reforma “es fundamental para crear empleo, para que las empresas contraten y para tener un mercado laboral mucho más amigable con ambas partes”.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declaró “inválidos” los artículos referidos a cuestiones laborales dentro del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que Milei firmó el pasado 20 de diciembre, diez días después de asumir la Presidencia del país suramericano.
En el fallo, al que tuvo acceso EFE, el tribunal consideró que esos artículos son contrarios a lo dispuesto por la Constitución nacional de Argentina en cuanto a los alcances del Ejecutivo para emitir decretos.
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De cualquier modo, el tribunal aclaró que los artículos en materia laboral gozarán de validez formal en el caso de que el Parlamento argentino los ratifique dentro del período de las sesiones extraordinarias en curso, “o su vigencia cesará de pleno derecho en caso contrario”.
La decisión de la Cámara hace lugar a un recurso de amparo en contra de la reforma presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera del país, que convocó media jornada de huelga general el pasado 24 de enero y cuyos dirigente militan mayoritariamente en el peronismo opositor.
En su capítulo laboral, el DNU incluye cambios en los juicios laborales, la extensión de los periodos de prueba en las empresas y la reducción de licencias por embarazo, entre otras medidas.
También incluye la reducción de las aportaciones y contribuciones jubilatorias, de las indemnizaciones y de las multas por registro deficiente de los trabajadores.
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