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El ministro de Hacienda de Chile, Mario Marcel, afirmó que “imperó la razón y la responsabilidad” al rechazarse en el Parlamento un polémico proyecto de ley para permitir un retiro universal del 10% de los fondos de pensiones.
“Imperó la responsabilidad y la razón. Es indicativo de madurez (de los parlamentarios) que han estado sujetos a permanente presión en torno al tema”, señaló.
En la noche del lunes y tras una larga sesión, el pleno enterró por 70 votos a favor (de los 93 necesarios), 70 en contra y 12 abstenciones una iniciativa de retiro universal e indiscriminado del 10% de las cuentas individuales de pensiones que se planteó como una vía para ayudar a las melladas economías familiares tras la pandemia.
“Creo que se entendió que este era un escenario distinto del que había en el primer retiro y que el daño que habría provocado en la ciudadanía habría sido mucho mayor que cualquier beneficio puntual”, manifestó.
El Gobierno, el Banco Central y numerosos expertos llevan semanas alertando de las posibles consecuencias que podría traer una nueva extracción masiva de capital sobre la inédita inflación que atraviesa el país, que acumula en marzo un aumento del IPC del 9.4% en doce meses.
Marcel agregó que todavía se está evaluando si solicitarán la revisión al Senado de un proyecto oficialista que buscaba permitir un retiro previsional acotado y solo con tres fines (pago de deudas, de pensiones alimenticias o de una primera vivienda), que también rechazó en la víspera la Cámara Baja.
“Se rechazó la posibilidad de que se pudieran utilizar los fondos de pensiones para alivianar la mochila de deudas. Nosotros veremos si hay espacio para insistir en algunos de estos temas, pero lo más importante es concentrarnos en nuestra agenda de reformas a largo plazo”, agregó.
Desde la llegada del COVID-19 se han aprobado otros tres retiros del 10% de los fondos que han supuesto un desembolso de más de US$ 55,000 millones para entidades privadas que gestionan estos dineros, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
El sistema de pensiones de Chile, instaurado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), es pionero en la capitalización individual y obliga a cada trabajador a aportar un 10% mensual de su sueldo a un fondo gestionado por empresas privadas, las AFP.
En los últimos años ha sido ampliamente criticado por las escasas pensiones que otorga, con la mitad de los contribuyentes chilenos recibiendo menos de 215,000 pesos (US$ 280) al mes de pensión, según datos de la Fundación Sol.
