El Gobierno de Gabriel Boric presentará este mes por segunda vez un proyecto para subir los impuestos en Chile, en línea con las propuestas de otros gobiernos izquierdistas de la región, pero que llegará al Congreso cuando la economía sigue estancada y hay una tormenta política por sospechas de corrupción.
Los diputados rechazaron la reforma tributaria en marzo pasado, en un duro golpe para el Gobierno izquierdista que busca financiar parte de su programa, promesas de campaña e impulsar políticas sociales, como subir las pensiones de los más pobres y saldar antiguas deudas en educación.
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Con el objetivo de financiar planes de ayuda social o impulsar el crecimiento, Gustavo Petro en Colombia logró aprobar una reforma a fines del año pasado y, en Brasil con Lula da Silva, la Cámara Baja ya dio luz verde a un proceso para simplificar el complicado sistema impositivo.
En Chile, Boric dijo que a fines de julio reactivaría la discusión en el Senado, donde el Gobierno no tiene mayoría, lo que complica un panorama en que la oposición conservadora y empresarios ya han manifestado su rechazo a subir los impuestos.
“Es imposible pensar en políticas o estímulos para la inversión, por ejemplo, que no toquen la tecla tributaria. Quizás vamos a tener que recorrer un camino más largo, pero nuestra actitud es seguir adelante en el trabajo para construir un pacto fiscal”, dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que ha buscado apoyo en reuniones con empresarios grandes y pequeños.
La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), que representa a los grandes gremios de empresarios, llegó a decir que “recaudar por la vía de alzas tributarias o nuevos impuestos no es el camino adecuado, pues ello impide que Chile recupere su capacidad de crecer”.
La actividad se contrajo un 2% interanual en mayo y para todo el año el Banco Central prevé un desempeño en el rango de -0.5 y 0.25% para el PIB.
Marcel está en una maratón de conversaciones con gremios empresariales y partidos políticos en busca de respaldo a la reforma antes de enviar el proyecto modificado, que además de subir algunas contribuciones, incluiría beneficios tributarios, estímulos a la inversión y al crecimiento y modernización del sistema impositivo.
“Para poder materializar el pacto fiscal y la reforma, el Gobierno necesita que el Senado lo habilite aprobando por dos tercios, pero hoy esos votos no están”, dijo a Reuters el senador de la derecha opositora José García Ruminot.
El Gobierno insiste en que no basta con el crecimiento económico para mejorar la recaudación y que aún hay brechas importantes respecto de países de la OCDE, por ejemplo en el impuesto a los ingresos personales, no así a los corporativos que ya son altos en Chile (27%).
El proyecto rechazado en marzo buscaba recaudar 2.7 puntos del PIB e incluía ajustar el impuesto a la renta, al patrimonio, reducir exenciones, medidas contra la evasión y elusión y mayor gasto en incentivos tributarios. Paralelamente, se consideró un royalty a la minería del cobre, que sí fue aprobado.
Hasta ahora el Gobierno no ha precisado cuál será el mínimo de recaudación al que aspirará con su nueva iniciativa.
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Desde que Boric asumió en marzo del año pasado el escenario político cambió, con el rechazo al proyecto de nueva Constitución en septiembre y el triunfo de las fuerzas de derecha en mayo para liderar el segundo intento de reescribirla.
También su popularidad ha caído fuertemente desde entonces.
“El Gobierno de Chile contaba con que ganara la opción del ‘Apruebo’ y si eso hubiera pasado el ambiente político sería distinto ahora. El gobierno está a merced de lo que haga la oposición”, dijo Andrés Pardo, director y jefe de estrategia para América Latina de XP Investments en Bogotá.
Y esto se complicó aún más el último mes, con la discusión centrada en cómo el Estado gestiona los recursos públicos después que estalló un escándalo por transferencias directas de dinero desde el Ministerio de Vivienda a fundaciones ligadas a uno de los partidos oficialistas.
El caso provocó la caída de varios funcionarios y está en manos de la fiscalía, que está indagando si hubo malversación de fondos públicos, fraude al fisco u otros delitos.
En el Senado se necesita el respaldo de dos tercios de los votos para dar luz verde a la reforma. Si la iniciativa se rechaza nuevamente, el Gobierno podrá insistir recién en marzo de 2024, al iniciarse el tercero de los cuatro años de mandato de Boric.
“Los últimos hechos conocidos con una fundación hacen un poco más difícil levantar la discusión. Pero no se puede paralizar el Gobierno (...) debe esforzarse por conseguir los votos”, dijo a Reuters el senador oficialista Ricardo Lagos Weber, quien preside la comisión de Hacienda del Senado.
Por su parte, empresarios y oposición pueden argumentar que no es momento de subir impuestos cuando la economía no crece, pero también exigir que el Gobierno garantice que los fondos públicos se utilicen correctamente, dijo a Reuters Nicholas Watson, de la consultora Teneo en Londres.
“Será difícil para el Gobierno contrarrestar este razonamiento dado que la opinión pública se ha vuelto en contra de Boric y el Frente Amplio. Y esto apunta a un significado más profundo del escándalo: la corrupción es especialmente dañina para este Gobierno porque se presentó como moralmente superior”.
Fuente: Reuters
