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El exministro de Justicia de China Fu Zhenghua fue condenado este jueves a una pena de muerte suspendida durante dos años por aceptar sobornos y abuso de poder, informó el diario oficialista China Daily.
Este tipo de sentencia, con penas de muerte suspendidas, son relativamente frecuentes en el gigante asiático en casos de corrupción y representan que, si el reo no comete nuevos delitos y tiene un comportamiento adecuado durante el periodo en el que está vigente la suspensión, puede ver su pena conmutada a cadena perpetua.
Según el medio, Fu se aprovechó de su autoridad para aceptar de manera ilícita dinero y obsequios por un valor de 117 millones de yuanes (16,5 millones de dólares, 16,8 millones de euros), ya sea directamente o a través de sus familiares.
Fu, nacido en la provincia de Hebei en 1955, cursó sus estudios superiores en la Universidad de Pekín antes de unirse al Partido Comunista de China (PCCh) en 1973.
Antes de su nombramiento como ministro de Justicia en 2018, Fu había dirigido investigaciones de alto perfil como la del exjefe de los servicios de seguridad Zhou Yongkang, en 2014, y había ejercido de viceministro de Seguridad Pública entre el 2013 y 2018.
En octubre del 2021, la Comisión Nacional de Supervisión de China, el principal organismo anticorrupción del Estado chino, junto con la Comisión Central para Inspección y Disciplina, el brazo anticorrupción del PCCh, comenzó a investigar al exfuncionario por “graves violaciones de la disciplina y las leyes nacionales”.
La investigación se prolongó hasta el pasado marzo y concluyó que Fu Zhenghua, que fue expulsado del Partido Comunista y de cualquier cargo público, “nunca fue verdaderamente leal al partido y al pueblo”, tenía ambiciones políticas “extremadamente infladas”, “formó camarillas”, poseía “ilegalmente” armas de fuego, tenía un estilo de vida “extravagante y hedonista” y tomó parte en “actividades supersticiosas”, entre otras acusaciones.
Otros miembros del aparato de seguridad chino también fueron procesados por corrupción: los exjefes de policía de las ciudades de Chongqing (centro) y Shanghái (este), acusados de recibir sobornos.
Por su parte, el exviceministro chino de Seguridad Pública Sun Lijun también fue acusado el pasado enero de aceptar dádivas.
Tras su llegada al poder en el 2012, el actual secretario general del PCCh y presidente de China, Xi Jinping, comenzó una campaña anticorrupción en la que varios altos cargos chinos han sido condenados por aceptar sobornos millonarios.
Si bien esta campaña, uno de los programas estrella de Xi, ha destapado importantes casos de corrupción en el seno del PCCh, algunos críticos han apuntado a que también podría estar siendo utilizada para acabar con la carrera política de algunos de sus rivales.
El próximo 16 de octubre comenzará en Pekín el XX Congreso del Partido Comunista, en el que Xi podría iniciar un tercer mandato inédito entre sus predecesores de las últimas décadas.
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