Franck Riester, ministro francés de Comercio Exterior. (Foto: Reuters)
Franck Riester, ministro francés de Comercio Exterior. (Foto: Reuters)

Francia “no firmará en sus términos actuales” el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, dijo el ministro francés de Comercio Exterior, Franck Riester.

Francia “espera garantías tangibles y objetivas” de los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) “sobre las normas medioambientales y sanitarias”, señaló el ministro tras una reunión del comité de seguimiento de la política comercial de Francia.

No nos conformaremos con una declaración política sobre los compromisos medioambientales de los cuatro países implicados, eso tomará mucho tiempo”, añadió Riester.

Nuestras exigencias son claras, hay que trabajar en el fondo para que sean lo más objetivas posible para avanzar en el acuerdo”, dijo el ministro, que lamentó que los últimos compromisos asumidos por Brasil en diciembre para reducir los gases de efecto invernadero fueran “aún menos ambiciosos que los anteriores”.

Si Brasil cambia su posición en la COP26 (prevista para noviembre en Glasgow), esto sería un paso en la dirección correcta, pero además de eso, tendría que haber elementos tangibles”, añadió.

Citó la necesidad de “un instrumento técnico y legal europeo para verificar que cada importación no tiene un impacto negativo en la deforestación”.

Una iniciativa legislativa europea de este tipo “lleva meses o años”, agregó.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ya se había pronunciado en contra de ese acuerdo en el 2019, en plena crisis diplomática con su par brasileño Jair Bolsonaro a raíz de los incendios en la Amazonía.

Además de Francia, Alemania, Bélgica, Irlanda y Austria mostraron recientemente sus reticencias a seguir adelante con el acuerdo, especialmente por la deforestación.

El acuerdo, que abarcaría un mercado de más de 750 millones de personas, fue anunciado formalmente en junio del 2019, tras 20 años de negociaciones.

Pero su ratificación quedó en punto muerto por la ausencia de mecanismos vinculantes de garantías medioambientales.

Para que entre en vigor, todos los parlamentos nacionales de la UE deben ratificarlo.