Pocas personas están mejor posicionadas para la revolución de los vehículos eléctricos que el multimillonario Julio Ponce Lerou.
Se retiró hace años, pero el exyerno del difunto dictador Augusto Pinochet todavía es conocido en Chile como el rey del litio. Y ahora, Ponce es más rico que nunca: la participación de cerca de 25% en SQM, la segunda mayor minera de litio del mundo perteneciente al grupo de accionistas que lidera, se ha quintuplicado en los últimos siete años en medio de ganancias récord, lo que ha aumentado el valor de la participación que él posee a US$ 3,500 millones.
Al igual que multimillonarios de todo el mundo cuya riqueza se ha disparado –desde Elon Musk hasta los magnates inmobiliarios chinos–, Ponce, de 76 años, se ha convertido en un blanco en su país en medio del auge del litio, un mineral clave para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos. Uno de sus principales adversarios podría ser el actual presidente de Chile, Gabriel Boric, de 36 años, quien apoya la redacción de una nueva Constitución que podría imponer más restricciones ambientales a la minería y que pretende crear una empresa nacional de litio que pueda competir con SQM, que se sitúa sobre el yacimiento más rico del planeta.
La marca de política de izquierda de Boric es mucho más favorable a los inversionistas que la de Salvador Allende, cuya nacionalización de minas de propiedad estadounidense en 1971 condujo a la creación del gigante cuprífero estatal Codelco. Pero hay señales de que el negocio del litio está a punto de complicarse cada vez más en Chile, luego de que las autoridades rescindieran hace poco nuevos contratos en medio de llamados para que el Estado obtenga una mayor participación de las ganancias derivadas de los minerales.
El cambio de panorama para el rey del litio tiene sus raíces en una ola de protestas civiles en el 2019, que llevó a la reescritura de una Constitución que nació en la era de Pinochet y que consagra la propiedad privada, incluidos los minerales y el agua. Los encargados de reescribir la nueva Carta Magna quieren inclinar la balanza hacia los derechos comunitarios, la protección ambiental y los servicios sociales estatales, con una mayor participación de grupos indígenas sobre dónde y cómo se extraen los recursos naturales, incluido el litio.
En última instancia, las medidas podrían obligar a SQM a adoptar técnicas de extracción que provoquen un aumento de los costos o limiten la producción, lo que puede poner fin al auge de las ganancias. Ponce, la segunda persona más rica de Chile, es el único nombre que se ha revelado del grupo de accionistas, cuya participación total tiene un valor superior a los US$ 6,000 millones. Documentos oficiales muestran que su participación es equivalente a cerca del 16% de SQM.
Las medidas están aumentando el escrutinio del modelo de negocios de SQM, que se basa en extraer grandes cantidades de salmuera que yace bajo un salar en el desierto de Atacama, en el norte de Chile, y almacenarla en enormes pozas de evaporación durante un año o más, una huella que puede observarse desde el espacio. El concentrado resultante se convierte en carbonato e hidróxido de litio en plantas cercanas y se envía a fabricantes de baterías en China y Corea.
Tan simple como rentable, el proceso utiliza mucha menos agua dulce, productos químicos y energía que la minería de roca dura. Pero la técnica de evaporación solar significa que se extraen miles de millones de litros de salmuera y luego se vaporizan en uno de los lugares más áridos de la Tierra, lo que, según algunos, es una amenaza para la fauna, como los flamencos rosados que habitan en este paisaje similar al de Marte.
Propuestas radicales como la nacionalización de toda la industria no han logrado prosperar en el proceso constituyente. Pero si la nueva Carta Magna abre el camino para que la salmuera que yace bajo Atacama y que tiene un alto contenido de este mineral se considere un tipo de agua –una idea que la empresa niega–, ese tipo de extracción masiva podría verse amenazado.
Ya hay llamados de algunas comunidades y políticos para la transición a un proceso de minería más selectivo o directo que significaría mucha menos evaporación, y probablemente menos producción y ganancia. Tanto SQM como Albemarle Corp., los dos únicos productores de litio en Chile, están investigando dichas técnicas, que están relativamente poco probadas en términos comerciales.
En todo el mundo en desarrollo, el crecimiento de los vehículos eléctricos ha generado una nueva demanda de minerales, desde el litio de Atacama hasta el níquel de la Siberia rusa y el cobalto de la República Democrática del Congo. Alimentar al mundo con menos combustibles fósiles representa un nuevo conjunto de desafíos sociales y ambientales. A corto plazo, ha hecho tremendamente ricos a magnates del sector de minerales como Ponce.
SQM dice que está reduciendo sus tasas de extracción de salmuera incluso mientras aumenta la producción, a través de eficiencias y centrándose más en el litio y menos en los minerales utilizados en los fertilizantes. La compañía también está invirtiendo mucho más tiempo y dinero en tratar de ganarse el favor de los grupos indígenas, y señala que su contribución a las arcas estatales de alrededor del 60% de las ganancias se encuentra entre las más grandes de la industria.
La empresa tiene una nueva campaña de marketing que destaca sus contribuciones, comenzando con la producción de un mineral crucial que ayuda a descarbonizar el mundo.
En cuanto a Ponce, su trayecto hasta convertirse en el rey del litio tuvo muchas vicisitudes.
En 1969, Ponce se casó con Verónica Pinochet Hiriart. Cuatro años más tarde, Pinochet encabezó el bombardeo al palacio presidencial de Chile en el golpe de Estado que lo llevó al poder.
Durante la dictadura de Pinochet, Ponce fue nombrado presidente de una empresa estatal de celulosa y ayudó a dirigir su privatización. Llegó a liderar otras empresas controladas por el Gobierno y, más tarde, la agencia de desarrollo a cargo de convertir las empresas estatales en empresas privadas, Corfo. Ponce se alejó de esos roles en 1983 para lidiar con acusaciones de enriquecimiento ilegal en la adquisición de terrenos, de las cuales fue absuelto.
En 1986, él y su familia compraron acciones de Soquimich, como también se conoce a SQM, de la que se convirtió en presidente en 1987. Años más tarde, cuando SQM ya era una de las empresas más rentables de Chile, la Contraloría del país descubrió que partes de Soquimich fueron privatizadas por tan solo un tercio del valor de mercado.
Pero una nueva Constitución representaría un desafío que podría ser más difícil de resolver para Ponce que sus batallas judiciales anteriores.
Cristina Dorador, miembro de la Convención Constitucional de Chile, dice que la Carta Magna actual no reconoce las salinas de Atacama como ecosistemas que se ven afectados cuando se extraen grandes volúmenes de salmuera para conseguir litio. Como científica, ha publicado estudios sobre la disminución de la presencia de flamencos en las lagunas cercanas a la minería de litio.
SQM dice que esos estudios no consideran el impacto del turismo en las aves migratorias y agrega que, si bien la producción de litio ha aumentado, las tasas de extracción de salmuera han disminuido y las condiciones alimentarias no han cambiado. Los sistemas de monitoreo muestran que las poblaciones de flamencos se han mantenido estables a lo largo del tiempo, señala SQM, y agregó que agradece los esfuerzos científicos para comprender mejor las relaciones entre la minería y el medio ambiente.
Dorador dijo que la promesa de abordar el cambio climático mediante el suministro de los materiales necesarios para una transición hacia energías renovables ha enriquecido a mineras como SQM, pero pocos consumidores de vehículos eléctricos son conscientes de los nuevos tipos de problemas ambientales que está provocando la transición.
Joe Lowry, fundador de la consultora Global Lithium LLC, dijo que SQM debe abordar preocupaciones ambientales, pero a estas alturas –cuando la escasez de litio eleva los precios cerca de niveles récord–, no es un “obstáculo importante”, al menos en términos financieros. Probablemente, ni siquiera una nueva Constitución alteraría las condiciones que favorecen a Ponce, indicó.
“El nuevo Gobierno ciertamente no querrá detener los enormes ingresos de royalties”, señaló.