La proliferación de los pisos turísticos en España, que coincide con unas cifras turísticas récord y una escalada en los precios de la vivienda, se ha convertido en un asunto político y social de primer orden para las regiones y municipios más afectados, que están actuando para afrontar la situación.
Endurecer los requisitos para ejercer la actividad, reforzar las inspecciones, decretar moratorias en la concesión de licencias o restringir la apertura de alojamientos en las zonas más tensionadas son algunas de las estrategias más populares entre regiones y ayuntamientos, que son los que tienen la competencia en esta materia.
España está recibiendo un récord de turistas extranjeros, con 33,2 millones de visitantes entre enero y mayo, un 13.6% más que un año antes, y muchos de ellos no se alojan en hoteles, sino en pisos turísticos.
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La estadística experimental del Instituto Nacional de Estadística que mide el número de viviendas turísticas en España estima que, a febrero de 2024, había 351.389 alojamientos de estas características en el país, de los que casi el 70% se concentran en Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Canarias.
En Andalucía (sur), la presión de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) ya ha desencadenado movilizaciones en Málaga y Cádiz, con miles de manifestantes contra la proliferación de pisos turísticos, y el gobierno regional aprobó en enero un decreto que faculta a los ayuntamientos a limitar el número máximo de pisos turísticos por edificio o sector.
Además, el ayuntamiento de Málaga exigirá que los nuevos pisos turísticos tengan una entrada independiente, el de Granada suspendió temporalmente la concesión de licencias mientras elabora una nueva normativa de uso, y Cádiz también dejó de tramitar nuevas licencias de VUT en el casco antiguo.
Las Islas Canarias (Atlántico), que vivieron grandes manifestaciones contra la masificación turística el pasado 20 de abril, prohibió en 2015 las VUT en zonas turísticas o de uso mixto (o sea, prácticamente todo el archipiélago), pero el decreto fue desarbolado por sentencias judiciales.
Ahora está en pendiente una Ley de Vivienda Vacacional que el Gobierno regional prevé aprobar a comienzos de 2025 y pone límites precisos: la vivienda vacacional no podrá superar el 10% de la edificabilidad residencial de cada isla y en las más pequeñas el tope sube al 20%.
También en las Islas Baleares (Mediterráneo) la presión turística es el eje del debate público, y concretamente el alquiler ilegal de pisos es el caballo de batalla de las administraciones.
Por otra parte, en Cataluña, el ayuntamiento de Barcelona anunció que la ciudad dejará de tener viviendas de uso turístico en 2029, ya que el ayuntamiento no renovará las licencias para esta actividad ni dará nuevas, lo que ha puesto en pie de guerra a todo el sector.
Y el Parlamento regional validó el pasado mes de diciembre un decreto ley que regula las viviendas de uso turístico, aunque el Gobierno catalán se comprometió a modificar la normativa para que solo fuera obligatoria en 140 municipios, y no en los 262 previstos inicialmente.
En la Comunidad Valenciana (este) el Gobierno regional pretende unificar la legislación en esta materia y vinculará la concesión de la licencia al titular del inmueble con el fin de evitar la especulación en la venta, de manera que si se transmite a terceros, decaiga la autorización y tenga que volver a pedirse.
En la ciudad de Valencia, en mayo se aprobó por un año la suspensión de licencias de apartamentos turísticos situados en comunidades de propietarios y bajos comerciales, una moratoria que ya se aplica en el centro histórico y ahora se extenderá a casi toda la ciudad.
Además, el propio Ejecutivo español quiere intensificar el control de las viviendas de uso turístico, y esta semana anunció su intención de acotar los alquileres temporales, obligando a que sean justificados en los contratos. También pretende reformar la ley para que los vecinos puedan autorizar o vetar pisos turísticos en sus fincas.
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