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El título III de la Ley Helms-Burton, que permite a ciudadanos estadounidenses demandar a empresas que lucren con propiedades decomisadas en Cuba, cumplió este sábado su primer año de vigencia sin una avalancha de demandas, pero con efectos negativos en la inversión extranjera en ese país.
Amazon, Visa, BBVA, Mastercard, Barceló, Pernod, Meliá, Expedia, Iberostar, Accor, Royal Caribbean, NH Hoteles, Trivago y MSC son algunas de las más de medio centenar de compañías inicialmente demandadas, aunque algunas de ellas han quedado después excluidas por diversas razones.
Hasta ahora se han presentado 25 demandas al amparo del Título III contra 51 empresas, algunas de ellas incluidas en varias acciones judiciales, de las cuales un 45.4% son estadounidenses y el resto de diez diferentes países, incluido Cuba.
Un 11.3% de las demandas son a empresas de países de la Unión Europea y entre ellas las españolas son las más numerosas.
¿Éxito judicial o político?
Las cifras son del Consejo Comercial y Económico Estados Unidos-Cuba, una entidad privada que ha recopilado toda la información del primer año de vigencia.
En un artículo con motivo del aniversario se pregunta si la decisión del presidente Donald Trump de activar el Título III ha sido un éxito “judicial o político”, pero no duda en decir que su efecto en Cuba ha sido “corrosivo”.
El título tercero de la ley Helms-Burton promulgada en 1996 por Bill Clinton, también llamada Ley Libertad por su propósito declarado de promover la democracia en Cuba, estuvo en suspenso hasta el 2019, porque los sucesivos presidentes optaron por no tener problemas con terceros países.
Trump decidió poner esa parte de la ley Helms-Burton al servicio de su política de mano dura hacia la isla caribeña y así el Título III entró en vigor el 2 de mayo del 2019.
Su decisión fue recibida con júbilo por la mayoría de los grupos opositores y del exilio cubano, pero el eco en los tribunales no ha sido tan grande como se esperaba en este primer año.
Menos dinero para los “jerarcas”
La opositora cubana Rosa María Payá considera que "hasta cierto punto ha sido efectiva en disminuir la entrada de capital a los jerarcas del conglomerado militar y el Partido Comunista", afirma.
A su juicio, las compañías extranjeras que "lucran en la isla violando los derechos laborales, y humanos, de los cubanos y con propiedades robadas por la dictadura" son "cómplices de la opresión".
De la misma manera piensa el politólogo cubano-estadounidense Frank Calzon, para quien lo "más importante" es que por primera vez en 20 años hubo "una decisión al más alto nivel de no seguir ignorando" un atropello legal.
Las personas que pueden demandar al amparo del Título III no han tenido nunca en Cuba la oportunidad de reclamar ante los tribunales de la isla que les devuelvan ni la propiedad ni pedir una compensación por su decomiso, subraya Calzon.
Cuando el Título III entró en vigor se temía una avalancha de demandas, pues incluso antes de su activación había casi 6,000 reclamaciones certificadas por el Gobierno de Estados Unidos de ciudadanos estadounidenses que habían perdido propiedades en Cuba a raíz de las confiscaciones hechas por el régimen surgido en 1959 tras el triunfo de la revolución comandada por Fidel Castro.
Negocio para los abogados
El alto costo de entablar demandas tanto por costas judiciales como por abogados puede haber echado para atrás a muchos de los que podrían acogerse al Título III, que como primer requisito deben ser ciudadanos estadounidenses.
El Consejo Económico-Comercial calcula que las demandas presentadas hasta ahora han significado más de cuatro millones de horas de trabajo que las firmas de abogados han cargado a sus clientes, un 85% de ellas a los demandados.
De las 5,913 reclamaciones certificadas por bienes expropiados en Cuba por un valor de US$ 1,900 millones, que con los intereses desde hace más de 60 años se elevaría a más de US$ 8,500 millones, según la entidad privada, solo un 15% ha dado lugar a una demanda hasta ahora.
De las 25 demandas presentadas, 9 provienen de ese grupo y las restantes 16 de reclamaciones no certificadas.
La empresa de cruceros Carnival fue la primera demandada, el mismo 2 de mayo del 2019, por el uso de instalaciones portuarias en Cuba que después de la revolución de 1959 fueron expropiadas a sus dueños sin compensación.
“Algo muy decepcionante para la Administración Trump” es que las demandas contra compañías estatales de Cuba, que fueron inicialmente cinco, se han quedado en solo dos (4.5% del total), dice el Consejo Económico-Comercial Cuba-Estados Unidos.
Efectos “corrosivos” en la inversión
La entidad que dirige John Kavulich cree, no obstante, que la activación del Título III sí ha sido "corrosiva" para Cuba, porque ha hecho que compañías extranjeras "congelen o abandonen" sus intereses en ese país para no verse envueltas en demandas.
Y Orlando Gutiérrez, del grupo del exilio Directorio Democrático Cubano, dice que la ley no ha hecho “daño” a Cuba sino a la “elite represiva”. “Al ponerle presión a esa cúpula le ha dado oxígeno a la acción de resistencia del pueblo”.
Y su influencia todavía puede ser mayor, pues, según el consejo, las firmas de abogados están "recomendando a sus clientes que aguarden a ver cómo se resuelven algunas o todas las 25 demandas antes de poner el foco en Cuba. Las instituciones financieras han eliminado o reducido su exposición".
La entidad privada augura además que de aquí a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre en Estados Unidos va a haber “más medidas punitivas” contra Cuba, “particularmente si Nicolás Maduro sigue en el poder en Venezuela”.
