El Salvador acumula más de 78,000 detenidos en dos años de la “guerra” que el presidente Nayib Bukele libra contra violentas pandillas amparado en un régimen de excepción, informó este martes el gobierno.
En estos dos años, también fueron decomisadas 3,939 armas de fuego y 8,000 vehículos a las pandillas, entre otros bienes, según un informe oficial. El balance anterior de presos era de 77,300.
“Esta guerra en contra de estos terroristas va a continuar y no vamos a dejar de realizar todas las acciones necesarias para erradicar ese mal endémico que por veinte años estuvo en este país”, declaró el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, al estatal canal 10 de televisión.
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Las pandillas, que habían establecido fronteras en sus disputas por zonas para delinquir, controlaban el 80% del territorio del país, según el gobierno.
“Ya no existen esas fronteras imaginarias”, y la población “ya no tiene que rendirle ningún tipo de tributo, ni pago [de extorsiones] a nadie para poder moverse y poder salir de su casa”, enfatizó Villatoro.
El ministro de la Defensa, René Francis Merino, destacó en el mismo programa de TV la coordinación del ejército y la policía en esta cruzada.
“Lo que en estrategia se llama daño colateral, en El Salvador ha sido mínimo [...] y por esa razón es algo atractivo para otros países”, afirmó.
Organismos humanitarios cuestionan la detención de inocentes al amparo del régimen de excepción, que permite arrestos sin orden judicial, y advierten posibles repercusiones a futuro.
Para Katya Salazar, de la ONG Fundación Debido Proceso, El Salvador con los miles de detenidos tiene “una bomba de tiempo, porque es una cosa no sostenible” en el tiempo.
“El Salvador no se puede quedar con 78,000 personas en la cárcel [y] que no sean juzgadas, tiene que haber algún tipo de respuesta de solución judicial”, aseguró.
Según Salazar, El Salvador debe aplicar un debido proceso a los encarcelados, de lo contrario “tarde o temprano van a haber condenas de tribunales internacionales, indemnizaciones que pagar”.
A las pandillas, el gobierno salvadoreño les atribuye unos 120,000 homicidios en tres décadas, superando los 75,000 muertos que dejaron doce años de cruenta guerra civil (1980-1992).
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