La mayoría de los jueces del Tribunal Supremo de EE.UU. se mostraron escépticos este miércoles durante una audiencia sobre si una ley federal puede proteger la vida de las personas embarazadas cuando están en riesgo de morir o si, por el contrario, deben prevalecer las legislaciones estatales que prohíben por completo el aborto.
Desde que en junio de 2022 el máximo tribunal estadounidense eliminó la protección federal al aborto al anular el fallo ‘Roe contra Wade’, decenas de estados conservadores han llevado a cabo un ataque frontal contra los derechos de las mujeres al implementar restrictivas leyes contra el aborto.
Ese mismo año, la Administración del actual presidente estadounidense, Joe Biden, demandó al estado de Idaho -donde el aborto está prohibido en todas las etapas del embarazo- alegando que las restricciones a este procedimiento, en parte, están reguladas por la ley federal y que no se pueden interponer cuando se trata de salvar la vida a las personas embarazadas.
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Para defender esta postura, se invocó la Ley de Tratamiento Médico y Trabajo de Urgencia (EMTALA), de 40 años de antigüedad, que obliga a los hospitales que reciben fondos federales a prestar atención médica de emergencia a cualquier persona, también por cuestiones reproductivas.
Sin embargo, esta interpretación de la EMTALA fue rechazada por los jueces conservadores, que constituyen la mayoría del tribunal, al considerar que el Gobierno federal no puede obligar a hospitales privados que reciben fondos federales a violar la ley propia de un estado.
Por otro lado, los tres jueces progresistas sí respaldaron que la ley de atención de urgencias prevalece sobre la prohibición de Idaho en aquellos casos en que está en juego la vida de las gestantes.
Así pues, después de escuchar los alegatos orales durante casi dos horas, el Tribunal Supremo deberá decidir hasta qué punto pueden extenderse las prohibiciones de los estados en casos de emergencia médica, y se espera que comunique su decisión en junio.
Esta audiencia atrajo a las cercanías de la corte a cientos de manifestantes en favor de proteger los derechos de salud reproductiva, entre los que se encontraba Marilyn Frankgub, una mujer que condujo 15 horas sola desde Wisconsin “para proteger los derechos de las mujeres”.
“Parece que volvamos a los años 50, la gente va a morir si no puede abortar ni en casos de emergencia”, lamentó a EFE desde en medio de la multitud, que sacudía pancartas en las que se podían leer frases como “nos mantenemos a salvo”.
Aparte de la convocatoria respaldada por organizaciones como Planned Parenthood y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), a las puertas del Tribunal Supremo también acudió un pequeño grupo antiabortista, separado de la convocatoria en favor de la interrupción voluntaria del embarazo por una valla.
“A ustedes no les importa si las mujeres mueren. Nos quieren intimidar, pero son unos mentirosos”, les reprochó desde un escenario situado ante la corte la presidenta y directora de la organización sin fines de lucro Reproductive Freedom For All, Mini Timmaraju.
Sobre este caso, la directora de la Iniciativa de Mujeres del Center for American Progress (CAP), Sabrina Talukder, declaró a EFE que “Idaho ya tiene ahora una tasa alta de mortalidad materna” debido a la falta de facilidades, por lo que espera que la cobertura de EMTALA pueda cubrir al menos los abortos de urgencia.
En pleno año electoral, el aborto se ha convertido en uno de los principales puntos de fricción entre demócratas y republicanos y son más de una las batallas legales sobre su acceso sobre las que existen interrogantes, puesto que en junio también se espera sentencia sobre el futuro del uso de la píldora abortiva en el país.
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