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El anuncio del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de suministrar bombas de racimo a Ucrania para defenderse de la agresión de Rusia, ha movilizado a organizaciones como Human Rights Watch (HRW) y países como Alemania que se oponen a ello al estar prohibidas por la ley internacional.
Ucrania ha alegado que las utilizará contra las tropas rusas atrincheradas antes del avance de sus fuerzas, mientras que la OTAN ha recalcado que corresponde a cada país aliado suministrarlas.
Ya en marzo de 2022, HRW advirtió de que el Ejército ruso había lanzado bombas de racimo sobre Járkov el 28 de febrero, cuatro días después del inicio de la invasión de Ucrania, e indicó que esos ataques podían constituir crímenes de guerra dado que un porcentaje alto de las víctimas eran civiles y menores de edad.
La misma organización acusó también a Rusia de haber cometido crímenes de guerra en el ataque que perpetró en abril de 2022 contra la estación de ferrocarril de Kramatorsk, en el este de Ucrania, por el uso de bombas de racimo que causaron la muerte al menos 58 civiles.
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En paralelo, la ONU también acusó a Rusia de perpetrar al menos 24 ataques con este tipo de munición contra Ucrania.
Otro país donde HRW ha denunciado el empleo de esta munición en diferentes bombardeos ha sido en Siria por parte del régimen del presidente sirio, Bachar El Asad, tras el estallido de la guerra civil, en febrero de 2011, y en este contexto y durante el desarrollo de esta contienda, el Pentágono acusó también a Rusia en 2015 de utilizarlas, algo que Moscú negó.
Prohibidas en un más de centenar de países
La utilización de bombas de racimo está prohibida en 111 países y son especialmente mortíferas, dado que al caer liberan gran cantidad de pequeñas municiones del tamaño de una lata de refresco que no siempre explotan al impactar sobre el suelo y se convierten en minas antipersona.
Para luchar contra su uso, venta y producción, en febrero de 2007 se inició un proceso en Oslo donde cuarenta y seis países se comprometieron entonces a establecer un marco de trabajo para la cooperación que asegurara proporcionar el cuidado y la rehabilitación necesarios a los afectados por estas bombas, la limpieza de zonas contaminadas y la destrucción de las reservas.
Al llamado Proceso de Oslo para avanzar en la prohibición de armas, le siguió la Conferencia que se celebró en Viena en diciembre de 2007 y que concluyó con el acuerdo de 138 países sobre elementos clave como la asistencia a las víctimas y la destrucción de arsenales.
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En febrero de 2008, 88 países de los más de 120 que participaron en la Conferencia sobre bombas de racimo celebrada en Nueva Zelanda firmaron la llamada Declaración de Wellington a favor de prohibir este tipo de armas.
Estados Unidos, Israel, Rusia, China, India y Pakistán, los principales productores de estas bombas, no acudieron a la conferencia de Wellington.
El 28 de mayo de 2008 se aprobó en Dublín la Convención Internacional que prohíbe el uso, fabricación y almacenamiento de este tipo de bombas aunque sin la participación de los países que se oponen a la prohibición.
Desde la entrada en vigor del acuerdo, firmado en Oslo el 1 de agosto de 2010, se han sumado 111 países, de los que 83 lo han ratificado, entre ellos España, Alemania, Francia, Reino Unido, Chile, Ecuador, México y Uruguay.
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Los principales productores de bombas de racimo, como Estados Unidos, Rusia y China, no forman parte, sin embargo, de la convención.
El último informe de HRW referido a 2022, refleja que desde la adopción de la convención, los Estados Partes han destruido colectivamente el 99% de las reservas mundiales totales de bombas de racimo que declararon, destruyendo casi 1.5 millones de municiones en racimo y 178 millones de submuniciones.
Como impulsora de estas reuniones actúa la Coalición contra las Bombas de Racimo (CMC, en sus siglas en inglés), que está formada por varias ONG y movimientos civiles de más de 50 países.
En la actualidad, más de 30 países fabrican estos explosivos, que se venden a unas 70 naciones.
Fuente: EFE
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