Eran alrededor de las 3 a.m. cuando la policía de inmigración empezó a derribar puertas y a sacar a la gente de un remoto campamento de cortadores de caña de azúcar en el este de República Dominicana.
Cuando salió el sol aquella mañana, Arturo Mejía, de 17 años, se encontraba hacinado en un camión policial junto con docenas trabajadores agrícolas, mujeres embarazadas y niños. Les dijeron que los llevaban a Haití.
Ante la promesa de Donald Trump de realizar deportaciones masivas de inmigrantes de Estados Unidos, y especialmente a los haitianos con visados temporales, República Dominicana ofrece una idea de cómo podría ser.
La nación caribeña de 11.3 millones de habitantes dice que ha deportado a más de 330,000 haitianos este año, y el ritmo ha aumentado después de que el presidente Luis Abinader prometiera en octubre expulsar a 10,000 personas a la semana.
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Los haitianos son detenidos camino a la escuela, arrojados de los autobuses y arrastrados de sus lugares de trabajo en lo que se ha convertido en el mayor programa de deportación per cápita del hemisferio.
Entre octubre y el 10 de diciembre, al menos 78,151 personas fueron expulsadas del país, según las autoridades de migración. Esto equivaldría a que Estados Unidos deportara 2.3 millones de personas en dos meses, es decir, aproximadamente toda la población de Houston.
La campaña de deportaciones aún está en sus inicios y todavía no se han visto todas sus repercusiones. Pero ya está causando escasez de mano de obra y pérdida de exportaciones que amenazan con ensombrecer una de las economías de más rápido crecimiento de la región, un resultado que las empresas han advertido que podría replicarse en Estados Unidos si la administración Trump cumple sus amenazas.
Los grupos industriales que dependen de los trabajadores haitianos están rogando al gobierno por ayuda. Y los inmigrantes indocumentados viven con miedo.
“Ya no te sientes seguro en ninguna parte”, dijo Mejía, que nació en República Dominicana de padres haitianos y es indocumentado. Tras ser llevado a un centro de detención, consiguió ser liberado dos días más tarde solo después de que un sacerdote local intercediera por él. “La gente sigue durmiendo en los campos de caña de azúcar porque tienen miedo de que los arresten por la noche”.
De los 500,000 haitianos que se calcula que viven en República Dominicana, se cree que casi un tercio nació allí. A diferencia de la mayoría de las naciones del hemisferio, las leyes dominicanas no conceden la ciudadanía automática por nacimiento.
Esa es una política de inmigración que Trump ha adoptado. En una entrevista con NBC News este mes, dijo que pondría fin a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos a través de una acción ejecutiva, calificando la política de “ridícula”. Durante mucho tiempo se ha entendido que la Constitución de Estados Unidos convierte en ciudadano estadounidense a cualquiera que nazca en suelo estadounidense.
Por su parte, Abinader afirma que las expulsiones masivas pretenden mantener el caos de Haití en su lado de la frontera.
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Las bandas violentas han tomado el control de cerca del 80% de la capital haitiana, han asesinado a más de 5,000 personas y han obligado a más de 700,000 a huir de sus hogares solo en lo que va de año. Más de la mitad de los 11.7 millones de haitianos pasan hambre y la economía está en ruinas.
Mientras que el Banco Mundial prevé que República Dominicana crezca un 5.1% este año, la economía de Haití se contraerá un 4.2%, el peor resultado del hemisferio.
A pesar de la condena de los grupos de derechos humanos y de la comunidad internacional, las deportaciones masivas de Abinader han demostrado ser populares y le ayudaron a ganar la reelección en mayo.
Al igual que Trump durante su primera administración, Abinader comenzó a construir en 2022 un muro fronterizo de hormigón y acero de 164 kilómetros que divide la isla La Española. Ese proyecto sigue incompleto y ha hecho poco para impedir que los haitianos que buscan seguridad y trabajo crucen la frontera hacia un país donde el salario mínimo es más del doble que el de Haití.
Las medidas contra la inmigración tienen que ver con la realidad imperante en República Dominicana, afirmó el canciller, Roberto Álvarez, durante una entrevista en la capital.
A medida que el país vecino se derrumba, la afluencia de haitianos está ejerciendo presión sobre las escuelas, los hospitales y los presupuestos dominicanos, explicó. Casi el 40% de las camas de partos de los hospitales del país, por ejemplo, están ocupadas por haitianos.
Álvarez aseveró que el resentimiento nacional ha aumentado hasta el punto de que la responsabilidad del gobierno es primero con la población dominicana y que no se pueden hacer responsables de la situación en Haití. También señaló que la comunidad internacional debe aumentar su apoyo para estabilizar el país más pobre de América.
Esenciales
Puede que las redadas sean políticamente populares, pero están haciendo temblar a las empresas que dependen de la mano de obra barata haitiana, en particular los sectores de la construcción y la agricultura, que representan alrededor del 20% de la economía. Los trabajadores agrícolas suelen ganar el equivalente a entre US$ 50 y US$ 60 a la semana, mientras que los empleos en la construcción a menudo se acercan a los US$ 100 semanales.
Martín Peña, director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Productores de Banano, dijo que algunas granjas han incumplido los plazos de exportación porque las redadas de emigrantes les han arrebatado empleados clave.
Al igual que en Estados Unidos, muchos trabajos agrícolas en República Dominicana son realizados por extranjeros, dijo, y alrededor del 75% de los 32,000 trabajadores bananeros estimados del país son haitianos.
“La realidad aquí es que no podemos encontrar trabajadores agrícolas dominicanos”, afirmó.
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Tal vez en ningún lugar se sientan las redadas con más intensidad que en la industria azucarera dominicana, que se ha construido sobre la base de mano de obra haitiana.
En un remoto campamento de trabajadores en Santa Cruz del Seibo, José Luis, de 83 años, dijo que la aplicación de la ley de inmigración le había asustado tanto como para no viajar a una ciudad cercana a recoger un cheque de despido.
Nacido en Haití, Luis afirma que lleva viviendo y trabajando en República Dominicana desde 1962. Pero su única forma de identificación es una tarjeta emitida por una empresa que afirma que nació en 1899, según la cual tendría 125 años.
Durante décadas, este documento de identidad defectuoso fue suficiente para satisfacer a las autoridades. Ahora es casi seguro que le expulsen.
“Hace más de un mes que no salgo de aquí”, dijo refiriéndose al precario campamento, donde no hay electricidad y los trabajadores comparten letrina. “Ahora mismo no me pueden enviar a Haití. Necesito ese dinero”.
Enrique Carlos de Castro, que dirige una granja azucarera familiar cercana, dijo que las nuevas políticas de inmigración han hecho que sus trabajadores y la industria no sepan a qué atenerse.
“Estamos en un callejón sin salida”, dijo. “Necesitamos la mano de obra migratoria, pero al mismo tiempo necesitamos tener un sistema que la controle y sepa dónde están los inmigrantes en República Dominicana”.
En el pasado, los haitianos cruzaban la frontera para la temporada de siega o plantación y luego regresaban a casa. Pero como Haití se ha sumido en el caos, muchos de esos trabajadores están ahora varados en República Dominicana.
Derechos humanos
Los temas migratorios también son motivo de preocupación en materia de derechos humanos. En 2022, Estados Unidos prohibió las importaciones de azúcar del mayor productor de República Dominicana, Central Romana, por considerar que utilizaba trabajo forzado. La empresa está dirigida por José Fanjul Jr., de la influyente familia cubano-estadounidense que está detrás de Domino Sugar y Florida Crystals.
La industria azucarera se ha unido ahora a otros poderosos sectores, como la construcción y los productores de arroz y banano, para pedir al gobierno que legalice a los trabajadores extranjeros estacionales. Asimismo, mientras Trump promete el mayor esfuerzo de deportación de la historia de Estados Unidos, algunos sectores intensivos en mano de obra claman por más visados para trabajadores temporales.
Álvarez, el ministro de Relaciones Exteriores, dijo que República Dominicana y Haití habían estado trabajando en esos permisos en 2021, cuando el presidente haitiano Jovenel Moise fue asesinado y se suspendieron las elecciones. Desde entonces, no ha habido nadie con quien hablar al otro lado de la frontera, señaló.
Se espera que la próxima administración Trump sea especialmente dura con la población haitiana. De los 1.1 millones de personas de ascendencia haitiana que se calcula que viven en Estados Unidos, unas 240,000 fueron admitidas al amparo del programa humanitario de permisos de permanencia temporal de 2023, conocido como parole, que les permite trabajar en el país durante un máximo de dos años. En octubre, el presidente Joe Biden anunció que iba a poner fin al programa, y Trump ha hablado abiertamente de poner a los haitianos en el punto de mira para su expulsión.
Aun así, el atractivo del sueño americano es fuerte.
Mejía, el adolescente arrestado temporalmente por las autoridades de migración, dijo que quiere dejar República Dominicana y sus campos de azúcar antes de que alguien intente enviarlo de nuevo a Haití, un país en el que nunca ha estado.
En lugar de eso, se imagina lavando automóviles o trabajando en la construcción en California, donde su héroe, el jugador de baloncesto Lebron James, juega en Los Angeles Lakers.
“He pensado mucho en ello”, dijo Mejía. “Creo que ahí es donde debería estar”.
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