El Congreso de Estados Unidos se apresura para aprobar un paquete de ayuda de US$ 483,000 millones por la pandemia de coronavirus, mientras la Casa Blanca y los legisladores comienzan a ponderar el próximo acuerdo de rescate para los proveedores de atención de salud en medio de una economía vapuleada por la crisis.
Se espera que la Cámara de Representantes vote el jueves por el nuevo paquete, que repondría un fondo de nóminas para pequeños negocios e inyectaría más dinero para hospitales y programas de pruebas del virus. El presidente Donald Trump ha dicho que firmará la ley.
Sin embargo, no se espera que el acuerdo bipartidista, cuarto del Congreso en respuesta a la crisis, sea el último. Los legisladores están dando pasos sin precedentes para confrontar la pandemia y ayudar a las comunidades en todo el país en medio de la crisis de salud.
La presidenta la la cámara baja, la demócrata Nancy Pelosi, dijo que la prioridad debe ser “respaldar a nuestros héroes” —los trabajadores municipales y estatales en las líneas del frente— en medio de los enormes déficit presupuestarios que sufren los gobiernos locales.
“Tenemos a trabajadores de salud, trabajadores de transporte, policías, bomberos, paramédicos, todo tipo de empleados públicos, que arriesgan sus vidas y que ahora pierden sus trabajos”, dijo Pelosi tras la votación en el Senado. “Esto es muy desafortunado”.
Trump ha dicho que está dispuesto a incluir ayuda fiscal para los gobiernos estatales y locales en otro paquete de ayuda por el virus, además de asistencia para proyectos de infraestructura.
Pero el líder de la mayoría de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, dijo el miércoles que los republicanos van a estar muy renuentes a aprobar más gastos, especialmente para los estados.
“Tenemos a gobernadores a quienes les encanta el dinero gratis”, dijo McConnell al programa radial de Hugh Hewitt y añadió: “Vamos a apretar el botón de pausa”.
Mencionó la posibilidad de cambiar la ley federal para permitir que los estados se declaren en bancarrota: algo que ahora no pueden hacer. Dijo que estaría dispuesto a permitir que los estados con pérdidas grandes soliciten protección de bancarrota para poder reorganizarse en la misma forma en que lo hacen los municipios.
Un cambio así parece sumamente improbable y presentaría consecuencias funestas para los proveedores de los estados, los tenedores de bonos y los fondos de pensiones. Incluso si el Congreso cambia la ley, eso generaría conflictos constitucionales que irían a parar a la Corte Suprema.