En julio de este año, la Cámara Baja, controlada por los republicanos, ya aprobó una legislación para requerir la prueba de ciudadanía, pero esta no llegó a ser tramitada por el Senado.
En julio de este año, la Cámara Baja, controlada por los republicanos, ya aprobó una legislación para requerir la prueba de ciudadanía, pero esta no llegó a ser tramitada por el Senado.

El Congreso de Estados Unidos volvió este lunes del receso de verano y se enfrenta a una carrera contrarreloj para aprobar los presupuestos antes de que se acabe el mes.

El camino para dar luz verde a la financiación del Gobierno, sin embargo, se dibuja escabroso, ya que el liderazgo republicano de la Cámara de Representantes ha decido incluir en el proyecto de ley de presupuestos una medida para exigir una prueba de ciudadanía a quienes deseen votar en las presidenciales del 5 de noviembre.

La medida ya ha recibido la bendición del cabeza de partido, el expresidente Donald Trump (2017-2021), y ha sido a su vez rechazada por la Casa Blanca, la cual indicó este lunes en un comunicado que, de aprobarse, será vetada por el presidente, Joe Biden.

Aunque es ilegal votar en las elecciones sin ser ciudadano y no hay evidencia de que sea un problema generalizado en los comicios, los republicanos han promovido durante meses la falsa amenaza de que “miles” de personas indocumentadas votarán en esta ocasión.

En julio de este año, la Cámara Baja, controlada por los republicanos, ya aprobó una legislación para requerir la prueba de ciudadanía, pero esta no llegó a ser tramitada por el Senado.

La Administración de Biden acusó este lunes a los republicanos de estar jugando una “política arriesgada” en vez de “trabajar de manera bipartidista” para mantener la financiación del Gobierno.

Además de la legislación extra sobre las elecciones, los demócratas y republicanos están también divididos sobre la extensión del presupuesto a aprobar.

Mientras que los conservadores quieren validar un paquete con fondos para mantener financiado el Ejecutivo durante seis meses, hasta después de las elecciones, los demócratas buscan un presupuesto que alcance solo hasta diciembre.

La intención del partido del Gobierno es forzar al Congreso a una sesión adicional en invierno que permita aprobar legislación antes de que una nueva Administración llegue a la Casa Blanca.

Si los legisladores no logran ponerse de acuerdo antes del 30 de septiembre, el Gobierno federal entrará en cierre a poco más de un mes de las elecciones.

La composición del Congreso actual, donde los republicanos controlan la mayoría de la Cámara Baja y los demócratas el Senado, fuerza a los legisladores a llegar a acuerdos para poder pasar cualquier tipo de legislación.

Desde 1976, cuando se aprobaron nuevas leyes presupuestarias, la Administración se ha quedado sin fondos en unas 20 ocasiones, aunque la mayoría de veces ha sido solo durante un día. El cierre más largo, de 35 días, ocurrió bajo la Presidencia de Trump por unos desacuerdos sobre los fondos para el muro que quería alzar en la frontera con México.

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