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El jefe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Rubén Vargas responsabilizó a Europa y a los países consumidores de cocaína por los graves problemas que le generan los cultivos ilícitos de hoja de coca, el narcotráfico y los delitos conexos, que comienzan a reactivarse tras la apertura gradual de las actividades en medio de la pandemia del COVID-19.
“Para nosotros un kilo de cocaína que consume Europa significa una hectárea de bosque deforestado, significa criminalidad organizada, corrupción, sicariaje (sic), graves problemas para las comunidades nativas”, afirmó.
Vargas remarcó que esos problemas se han generado “como consecuencia de insuficientes políticas de prevención en los grandes mercados de consumo”.
Factor exógeno
Con el país considerado el segundo productor mundial de hoja de coca y el segundo de cocaína en el mundo, el presidente de Devida sostuvo que “el problema de las drogas en Perú lo determina un factor exógeno, la demanda externa”.
Añadió que “las equivocadas medidas de prevención” de los países consumidores generan que esos problemas “en el Perú se expandan y eso genera graves daños” y que el crecimiento del consumo de esta droga “va a generar un impacto negativo muy fuerte, no solo en seguridad, sino en destrucción” de la Amazonía.
El funcionario dijo que la emergencia por la epidemia del COVID-19, que llevó al Gobierno peruano a decretar la cuarentena y el cierre de fronteras, ocasionó “en el lado de Europa que la cadena de suministro” del narcotráfico “se rompiera en varios puntos, sobre todo en la distribución de mercados finales de consumo”.
Variación de precios
Ante esa medida, los precios en los mercados de consumo no sufrieron “una variación importante”, pero en las zonas de producción variaron “significativamente” tanto para la hoja de coca, como para la cocaína y la pasta básica.
En el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), la mayor zona cocalera del país, el precio de la hoja disminuyó en más de 50% y en 20% el clorhidrato de cocaína, pero en la “triple frontera” amazónica con Brasil y Colombia, no disminuyó, mientras que en La Convención, en la región Cusco, se dio “un ligero incremento”.
En enero pasado, el kilo cocaína en el Vraem llegaba a S/ 5,900 (unos US$ 1,700), en abril bajó a S/ 2,400 (US$ 705) y en mayo se fijó en S/ 2,900 (US$ 852), mientras que en la “triple frontera” era de S/ 5,147 (US$ 1,513) y en mayo llegó a S/ 5,763 (US$ 1,695).
“Los precios de hoja coca y derivados están en directa relación con el consumo de los grandes mercados internacionales, eso es lo que más nos preocupa”, dijo.
Vargas también afirmó que las rutas marítimas, que no se cerraron durante la pandemia, han seguido siendo las preferidas por el narcotráfico, algo que llevado a la incautación de grandes cargamentos de cocaína en España, Alemania, Francia y Estados Unidos.
Precios altos en Europa
El funcionario agregó que ahora que muchos países comienzan a suavizar las restricciones impuestas por la pandemia, se está "viendo que el precio de la cocaína en los mercados tradicionales de consumo, especialmente en Europa" se ha incrementado.
Entre enero y marzo el kilo de cocaína en Italia llegó a los US$ 65,000 y ahora está “encima de los US$ 90,000”, algo similar a Francia, donde pasó de US$ 50,000 a US$ 75,000.
En España, la droga pasó de US$ 50,000 el kilo en febrero a US$ 65,000 ahora, mientras que en Estados Unidos subió de US$ 27,500 a US$ 29,000 el kilo en ese período.
“El aumento del precio de la cocaína corresponde también un poco al retorno de las actividades cotidianas, luego de superada la emergencia sanitaria en Italia, Francia y España”, explicó.
US$ 700 millones del narcotráfico
Vargas dijo que a Perú ingresan unos US$ 700 millones anuales de dinero ilícito proveniente del narcotráfico, por unas 509 toneladas métricas de cocaína.
Consideró, sin embargo, que “el principal daño” que sufre su país es la contaminación de los ríos y suelos, la deforestación, y la “enorme corrupción” que genera el narcotráfico en “las instituciones de la democracia y la salud pública”.
“El impacto del narcotráfico en el PBI (Producto Bruto Interno) es poco, 0.30%”, indicó antes de mencionar que el gobierno decidió intervenir desde el año pasado en la zona de la “triple frontera”, donde se erradicaron más de 6,000 hectáreas, pero la emergencia sanitaria de este año “obligó a parar” esa medida.
Trabajo conjunto
El jefe de Devida dijo que se tiene que “trabajar de manera conjunta” en programas de desarrollo alternativo y prevención del consumo de drogas, además de en la interdicción, persecución de organizaciones criminales y la erradicación de cultivos ilegales.
En el contexto de la pandemia, Devida ha transferido a gobiernos locales más de S/ 67 millones (US$ 19.7 millones) para proyectos productivos de café y cacao, además de financiar con más de S/ 6 millones (US$ 1.7 millones) cultivos de banano y palta (aguacate), entre otras actividades.
“Hay un trabajo muy fuerte que necesitamos hacer para evitar la expansión de estos cultivos ilegales en las áreas naturales protegidas y también en las que no lo son”, remarcó.
Cambios en la medición
Vargas también anunció que desde el 2019 se ha decidido modificar el monitoreo de los cultivos ilícitos, que se hacía gracias un convenio con las Naciones Unidas, para “tener una lectura más completa del narcotráfico”, ya que la metodología estaba “desfasada”.
“Nos resulta absolutamente insuficiente saber cuántas hectáreas hay en Perú, necesitamos saber cuánta es la productividad, cuánta es la cocaína que se obtiene, el precio que se consigue por la cocaína que se produce en Perú”, detalló.
El nuevo informe, que se espera tener para setiembre u octubre próximo, también se hace “con colaboración científica de Naciones Unidas” y mediante convenios con instituciones como la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (Conida) para tener imágenes por satélite.