Conmebol
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La Conmebol sopesa salir de Paraguay, donde tiene su sede desde 1986, como protesta por la presunta inseguridad jurídica, luego que el organismo del fútbol sudamericano fuera condenado por la justicia paraguaya a pagar US$ 10 millones como indemnización a un ex empleado.

El uruguayo Ismael Antonio Pintos, que durante casi 20 años se desempeñó como periodista y camarógrafo exclusivamente para la cobertura de las actividades internas de la Confederación Sudamericana de Fútbol, ganó el pleito judicial iniciado en el 2016 en un juzgado laboral de la ciudad de Luque, en la periferia este de Asunción.

Alejandro Domínguez, actual presidente de Conmebol, advirtió en conferencia de prensa tras visitar al mandatario local Horacio Cartes que algunos dirigentes de federaciones insinuaron la necesidad de llevar la sede a otro país.

“Le entregué al jefe de Estado una carta de la Conmebol en la que las diez asociaciones sudamericanas protestan por la (aparente) inseguridad jurídica en Paraguay", indicó Domínguez. "La Conmebol corre peligro de irse de Paraguay".

Durante el proceso judicial, la demanda de Pintos fue rechazada en primera instancia, pero los tribunales de apelación revocaron la resolución inicial.

Pintos se desempeñó como periodista y camarógrafo del organismo continental durante las anteriores administraciones de Nicolás Leoz, Eugenio Figueredo y Juan Ángel Napout.

"Fui desvinculado de la Conmebol cuando asumió la administración de Napout en el 2015 sin el pago de más de 20 años de servicio", dijo Pintos tras conocerse el fallo a su favor.

Tanto Leoz como Figueredo y Napout son acusados por hechos de presunta corrupción en la administración de derechos de transmisión televisiva de los torneos de la Conmebol. Domínguez fue elegido su presidente después del escándalo.

Leoz, de 89 años, guarda prisión domiciliaria desde el 1 de junio del 2015 tras el exhorto de extradición enviado por la justicia de Estados Unidos, donde es requerido por diferentes presuntos delitos financieros.

Napout es enjuiciado en una corte federal en Brooklyn, Nueva York, junto con Manuel Burga, exlíder de la Federación Peruana de Fútbol, y José María Marín, expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, por complot para cometer los delitos de asociación delictiva, fraude electrónico y lavado de dinero.

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