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El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, promulgó el martes su emblemática ley de pensiones, lo que pone fin a una importante reforma legislativa sin el tipo de protestas violentas que se han visto en otros países después de que los gobiernos impulsaran cambios similares.
El Senado uruguayo aprobó una versión suavizada de la ley que incorporó cambios de última hora exigidos por dos partidos de coalición en la cámara baja. El proyecto de ley elevará la edad de jubilación para muchos uruguayos de 60 a 65 años y fomentará el ahorro personal, entre otras medidas.
“Es una reforma con sensibilidad social”, dijo Lacalle Pou en un video difundido en medios estatales poco después de la aprobación del Senado.
Pedirle a la gente que trabaje más tiempo por el mismo, o menos, dinero de jubilación está resultando políticamente polémico en todo el mundo. Aunque la impopular iniciativa de Lacalle Pou desencadenó huelgas sindicales, el descontento no desembocó en la violencia que se vivió en Francia cuando el presidente Emmanuel Macron promulgó su propia reforma de pensiones el mes pasado.
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Recientemente, el 1 de mayo, los manifestantes regresaron a las calles de París, aun después de que el tribunal supremo de Francia aprobara el cambio.
Está también el caso de Argentina, un proyecto de reforma propuesto en 2017 por el expresidente Mauricio Macri provocó violentas protestas frente a la legislatura del país. Irlanda y Canadá también se han enfrentado al rechazo público a los cambios en las pensiones.
La reforma de Lacalle Pou refleja la marca registrada de Uruguay por la política de consenso que a menudo se mueve a un ritmo glacial, pero rara vez conduce a la violencia.
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El debate público de Uruguay sobre la reforma de las pensiones se prolongó durante dos años e involucró aportes de todas las partes interesadas que ayudaron a dar legitimidad a la reforma, dijo Gabriel Oddone, economista jefe de la firma de consultoría y contabilidad CPA Ferrere, con sede en Montevideo.
“Realmente no se puede decir que el Gobierno no buscó acuerdos o consensos”, dijo Oddone en una entrevista telefónica. “La reforma no es lo que a muchos nos hubiera gustado, pero es mejor que lo que tenemos hoy”.
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Tanto la izquierda como la derecha coincidieron en que había que hacer algo para estabilizar el gasto en pensiones en niveles sostenibles. Pero tenían puntos de vista diametralmente opuestos sobre cómo arreglar uno de los sistemas de jubilación más profundos de la región que prácticamente ha erradicado la pobreza en la vejez en el país de 3.5 millones de personas.
El Frente Amplio de oposición de izquierda exigió una revisión más ambiciosa de todo el sistema de seguridad social financiado por aumentos de impuestos.
El presidente del Frente Amplio y exjefe sindical, Fernando Pereira, dijo que su partido hará precisamente eso si gana las elecciones generales el próximo año.
“Pensamos que reformas como esta requieren un amplio consenso y sostenibilidad financiera como dice el Gobierno, pero también sostenibilidad social”, dijo en comentarios televisados.
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