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China anunció que tomará represalias contra Estados Unidos después de que Washington revocase el “estatus especial” que concede a Hong Kong a cuenta de la polémica ley de seguridad ratificada hoy por el Legislativo chino.
En un comunicado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció el lunes que su país dejará de exportar equipamiento militar a Hong Kong, mientras que el titular de Comercio, Wilbur Ross, afirmó que Estados Unidos revoca el “estatus especial” de Hong Kong ante el riesgo de que se desvíe tecnología estadounidense “sensible” a las autoridades chinas.
“La intimidación no va a funcionar. Estados Unidos pretende emplear estas supuestas sanciones para obstruir el proceso legislativo chino sobre Hong Kong, pero tal intento no tiene ninguna posibilidad de tener éxito. China tomará represalias por esta medida errónea a fin de defender sus intereses”, declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores Zhao Lijian.
El portavoz rechazó “cualquier intervención extranjera” en los asuntos de Hong Kong y reiteró que se trata de “un asunto interno” sobre el que “ningún país tiene derecho a interferir”.
“El Gobierno chino está comprometido a defender su soberanía nacional, y sus intereses de seguridad y desarrollo”, añadió Zhao.
Zhao hizo estas declaraciones poco después de que el Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo) de China ratificara este martes la controvertida ley de seguridad de Hong Kong.
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La ley fue ratificada esta mañana durante la reunión del Comité Permanente, tan solo un día antes de la fecha en la que se conmemora la retrocesión del territorio de la soberanía británica a la china en 1997.
Según la prensa hongkonesa, la ANP incluirá la ley en el anexo III de la Ley Básica de Hong Kong, considerada la “mini-constitución” de la ciudad semiautónoma.
Todavía se desconoce el texto final, pero South China Morning Post citó el lunes a dos fuentes que aseguraron que la ley incluiría penas de hasta cadena perpetua para “actos de secesión, subversión, terrorismo y confabulación con fuerzas extranjeras para poner en peligro la seguridad nacional”.
Anteriormente se hablaba de penas máximas de 10 años de prisión, pero China parece apostar por la mano dura contra el movimiento prodemocrático.
El texto legal tendría el objetivo de “salvaguardar la seguridad nacional” frente a la tan temida “injerencia extranjera” que Pekín considera que está detrás de las multitudinarias protestas que arrancaron hace más de un año.
Abogados y activistas hongkoneses creen, sin embargo, que la ley terminará por cercenar las libertades de las que goza la ciudad.
