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El futuro del controvertido cuerpo de Carabineros de Chile, policía militarizada envuelta en escándalos de corrupción y violación a los derechos humanos, es un punto permanente de conflicto entre la coalición de Gobierno, que apuesta por reformar la institución, y la oposición conservadora que pone obstáculos a la misma.
Un pulso que ha vuelto a colocarse esta semana en el centro del debate político tras la muerte en apenas quince días de dos agentes en procedimientos rutinarios, y pese a que el presidente, Gabriel Boric, pidió a los partidos evitar politizar la seguridad, principal inquietud de los chilenos.
El repunte de la polémica ha coincidido, asimismo, con la publicación este martes del informe anual de Amnistía Internacional, en el que la organización de defensa de los derechos humanos calificó de “preocupante” la falta de avances en la citada reforma del cuerpo, una de las promesas de campaña del mandatario.
En este tenso contexto, el Congreso acordó el lunes aprobar esta misma semana siete proyectos de seguridad, “legislación en caliente” -según expertos internacionales- impulsada por Juan Antonio Coloma, presidente del Senado y miembro de la Unión Democrática Independiente (UDI), partido ultraconservador fundado en la dictadura.
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Pérdida de prestigio
Carabineros fue durante décadas una de las instituciones más prestigiosas de Chile, pero en los últimos años ha perdido predicamento a causa de la corrupción y las denuncias de uso excesivo de la fuerza.
Los primeras objeciones masivas a sus métodos surgieron en 2015, después de que un policía dejara en coma al estudiante Rodrigo Avilés al lanzarle agua a presión desde un camión blindado durante una manifestación por el derecho a la educación en Valparaíso.
Un año después estalló el llamado “Pacogate”, en una alusión al nombre coloquial (“paco”) con el que se conoce a la policía chilena, considerado el mayor fraude de la historia del país y que tiene a más de 130 personas imputadas, incluyendo a exaltos mandos.
El desprestigio alcanzó su cúspide durante las revueltas de 2019 que dejaron más de una treintena de muertos y miles de heridos y denuncias contra el cuerpo uniformado por “violaciones generalizadas” a los derechos humanos por parte de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales.
Entre quienes cuestionaron la represión de aquellas manifestaciones populares estaba el entonces diputado Boric y algunos de los miembros que después integrarían su Gobierno, una situación que le volvió a recordar el lunes la UDI, en pleno debate legislativo, exigiéndole una vez más que pidan perdón a la institución armada por sus críticas.
Despliegue de la derecha:
Uno de los principales puntos de controversia parlamentaria es la insistencia de la oposición en que se mantenga una presunción ampliada de la legítima defensa de los policías cuando respondan a agresiones.
Se trata de la llamada Ley Retamal, en memoria del agente Carlos Retamal, fallecido en octubre de 2022 por una agresión durante un procedimiento contra una carrera clandestina, una medida que incomoda a parte de la coalición gubernamental.
“Hay que hacer las modificaciones pertinentes para que se respete el Estado de Derecho (…) que las indicaciones protejan a Carabineros, sean efectivas y que al mismo tiempo respeten el debido proceso”, dijo el diputado Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social, partido del presidente.
En respuesta, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, uno de los rostros más influyentes de la UDI y de la oposición, hija de un militar ministro de Salud del dictador Augusto Pinochet y miembro de la Junta Militar golpista que dirigió el país entre 1973 y 1990, insistió en que no se puede aceptar el principio de proporcionalidad.
“Si hay algún error, si hay algún problema, se irá a la Justicia, pero hay que darle el beneficio de la duda a Carabineros y no a los narcotraficantes”, dijo la alcaldesa en una entrevista este martes.
“Si hubo problemas de violaciones de los derechos humanos fue efectivamente porque no tenían la forma de defenderse”, agregó en referencia a 2019 en unas polémicas declaraciones.
A la estrategia de tinte populista se han sumado otros rostros ultraconservadores, como el alcalde de la comuna capitalina de La Florida, Rodolfo Carter, exUDI, impulsor de una política de derribo de las llamadas “narco-casas” cuestionada por la Fiscalía.
Una Fiscalía a la que al igual que Matthei, Carter acusa de “perseguir a los Carabineros en vez de a los delincuentes”, y de socavar la autoridad de los agentes.
En respuesta, el oficialismo le recuerda a la coalición opositora Chile Vamos que rechazó tanto el presupuesto del Ministerio de Interior, que aumentaba en un 4,4 % la partida de seguridad pública, como la reforma fiscal, que busca elevar los recursos para el cuerpo.
También, que en los últimos meses ha preferido abandonar la mesa de seguridad impulsada por la ministra de Interior, Carolina Tohá, por razones políticas.
Fuente: EFE
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