Hace quince años, en mayo, Marina Silva, ministra de Medio Ambiente del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, presentó su renuncia.
Ícono del movimiento ecologista y férrea defensora de la selva tropical, la antigua recolectora de caucho pensó que no tenía sentido seguir en un Gobierno que, en su opinión, abogaba por el desarrollo en detrimento del medio ambiente, poniéndose del lado de una industria agroindustrial que ansiaba talar más tierras para destinarlas a la ganadería y la soja.
Silva volvió, nuevamente como ministra de Medio Ambiente en el tercer mandato presidencial de Lula. Pero puede que no tarde mucho en irse.
Con la promesa de una postura más agresiva para acabar con la degradación de la Amazonía, el presidente parece haber convencido a su antigua aliada convertida en crítica de que elevará el medio ambiente a la máxima prioridad gubernamental.
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Sin embargo, una serie de golpes a Silva y a su ministerio pone en duda no solo el compromiso del presidente. Pone en duda que Brasil sea capaz de acabar con la deforestación de la Amazonía y cumplir una ambiciosa agenda medioambiental con la que cuenta el mundo en la lucha contra el cambio climático.
Según el Instituto de Recursos Mundiales, el año pasado, las selvas tropicales perdieron 4.1 millones de hectáreas, liberando 2,700 millones de toneladas de CO₂ a la atmósfera. El 44% de la pérdida correspondió a Brasil.
Si no se controla, en dos décadas la deforestación habrá acabado con una cuarta parte de la selva amazónica brasileña, lo que podría alterar el ritmo hidrológico que hace circular el agua de la vegetación a la atmósfera y convertir grandes extensiones de selva en sabana. Aunque es probable que Lula sea sincero en su deseo de evitarlo, no es la única prioridad de su Gobierno ni de su Partido de los Trabajadores, el PT.
El Ministerio de Medio Ambiente ha sufrido varias derrotas políticas importantes en las últimas semanas, atacado por el bloque opositor de derecha en el Congreso, aliado con la industria agroalimentaria. Y, una vez más, el Gobierno de Lula parece ambivalente a la hora de salir al rescate de Marina Silva.
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“Hay un conflicto entre los distintos partidos de la coalición de Gobierno”, afirma Sergio Leitão, veterano defensor del medio ambiente y de los derechos de los indígenas y actual director ejecutivo del Instituto Escolhas, que trabaja por el desarrollo sostenible en Brasil. “Hay un conflicto dentro del PT”.
El conflicto es antiguo —de hecho, universal— en este caso entre la necesidad de preservar los ecosistemas vulnerables de Brasil y la demanda urgente de desarrollo en regiones asoladas por la pobreza y privadas de oportunidades.
Sin embargo, en el Brasil actual, argumenta Leitão, la confrontación se produce en un entorno político muy peligroso. Lula es más débil que hace 15 años. La agroindustria, unida a la derecha política del país, es mucho más fuerte. Esta coalición se ha centrado en la protección del medio ambiente como parte de un ataque más amplio contra el Gobierno de Lula e incluso contra la idea misma de democracia.
La derrota más evidente de Silva hasta ahora se produjo los primeros días del mes, cuando el Senado aprobó una reorganización del Gobierno que despojó al Ministerio de Medio Ambiente de varias oficinas, entre ellas la encargada de la gestión del agua y del catastro rural, que se utiliza para controlar la propiedad de la tierra, clave para mitigar la deforestación.
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El Congreso quiere “implementar el Gobierno de Bolsonaro en el Gobierno de Lula”, se quejó Silva sobre las pérdidas en su ministerio. Y, sin embargo, el presidente y su coalición de Gobierno permitieron que las reformas —que los miembros del Congreso injertaron en el plan original de reorganización del Gobierno de Lula— siguieran adelante.
Es posible que la ministra sufra más derrotas. El Ibama (Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables), el brazo administrativo de su ministerio, que debe autorizar los proyectos con un impacto potencial en el medio ambiente, está en un punto muerto con el gigante petrolero estatal Petrobras, bloqueando su plan para explorar en busca de petróleo en el océano más allá de la desembocadura del Amazonas, debido a su probable impacto ambiental.
La lucha política en torno al proyecto enfrenta a los miembros de la coalición de Lula. “Lo que esperamos del Ibama”, argumentó Alexandre Silveira, ministro de Minas y Energía, “es que nos diga cómo hacer las cosas; no lo que debemos o no debemos hacer”. El líder del Gobierno en el Congreso, el senador Randolfe Rodrigues, del norteño estado de Amapá, abandonó el partido político de Silva en protesta por la decisión del Ibama.
Otras prioridades gubernamentales problemáticas desde el punto de vista medioambiental son el ferrocarril Ferrogrão para transportar cereales desde el estado de Mato Grosso hacia el norte hasta el río Tapajos, en el estado de Pará, bordeando tierras indígenas, y la restauración de la carretera BR-319 de los años setenta, que atraviesa la selva tropical desde Manaos hasta Porto Velho, en Rondonia, y que los críticos han calificado de “bomba de deforestación”.
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Otro conflicto que se avecina es la renovación de la licencia de explotación de la presa de Belo Monte, en el río Xingu, cuyo desarrollo fue una de las razones por las que Silva abandonó el Gobierno en 2008.
Quizá el conflicto interno no sea para tanto. El economista José Eli da Veiga, del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de São Paulo, señala que muchos de los planes de infraestructura y desarrollo presentados en los últimos meses provienen de un nuevo Gobierno que no ha engranado los objetivos de desarrollo sostenible con sus prioridades. “Todos los ministros quieren inventar algo para hacerse notar”, afirma. “Han hecho muchos anuncios tontos”.
Pero lograr que los proyectos avancen en el Congreso es otra cosa. La coalición de Lula no tiene mayoría y debe ofrecer ministerios y otros beneficios a los partidos del “Gran Centro”, aparentemente no ideológicos, que de otro modo se pondrían del lado del Partido Liberal bolsonarista.
El desafío es mayor que la mera gestión del Congreso. Requiere que el Gobierno articule cómo la preservación del medio ambiente —parando Petrobras o impidiendo que la tala, la minería, la ganadería y la soja invadan la selva tropical— se ajusta a las necesidades de los brasileños que a menudo ven en estas industrias su única oportunidad.
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Lula ha luchado con éxito contra la deforestación en el pasado, a pesar de la oposición política. La tala de bosques en la Amazonía disminuyó un 80% entre 2004 y 2012, durante sus dos primeros mandatos y los primeros años de Gobierno de su sucesora, Dilma Rousseff.
Carlos Nobre, científico brasileño especializado en sistemas terrestres que ha formado parte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, señaló que la producción de carne de vacuno y soja se duplicó en aquella época, incluso cuando la deforestación se desaceleró. “Cuando cayó la deforestación y aumentó la producción de carne de vacuno, la agroindustria se quedó sin argumento para justificar la deforestación”.
Sin embargo, a pesar de la evidencia de que una agenda ambiental puede ser coherente con los objetivos económicos, muchos brasileños de los estados amazónicos que votaron por Bolsonaro y sus aliados en el Congreso en las elecciones del año pasado parecen no estar convencidos.
Leitão sitúa el desafío en un marco catastrófico: el Gobierno de Lula debe demostrar que tiene una agenda para satisfacer las necesidades económicas y sociales de la población amazónica. Debe demostrar que la pobreza es una preocupación central, que la creación de empleo es un elemento básico de su estrategia. De lo contrario, sus oponentes de la derecha se apropiarán de este discurso y lo utilizarán no solo contra su programa medioambiental, sino también contra su Gobierno.
Las agencias medioambientales “pueden parecer un sistema para vetar cualquier oportunidad económica”, señaló. Si aparecen como un obstáculo permanente al desarrollo, “se convertirán en una fuerza a derrotar”.
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Por Eduardo Porter
