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El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, autorizó el envío de las Fuerzas Armadas a diferentes estados del país para combatir la deforestación y prevenir incendios en la Amazonía brasileña.
El decreto con la autorización fue publicado este jueves en el Diario Oficial y limita por ahora la actuación del Ejército entre el 11 de mayo y el 10 de junio, para combatir la destrucción de la selva amazónica.
Las Fuerzas Armadas podrán actuar en las regiones fronterizas, en las tierras indígenas y en las unidades federales de conservación ambiental de los estados de la llamada Amazonía Legal, que incluye Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondonia, Roraima, Tocantins (norte) y una parte de Maranhao (nordeste).
El decreto permite a los militares realizar “acciones preventivas y represivas contra delitos ambientales, dirigidos a la deforestación ilegal y el combate a los incendios”, sin mencionar las actividades de minería ilegal que también castigan la región.
La operación, que se enmarca dentro de la llamada Garantía de la Ley y el Orden, tiene como objetivo frenar la destrucción de la Amazonía, donde la deforestación ha aumentado 51% en los tres primeros meses del año.
Según cálculos publicados recientemente por el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE), entre enero y marzo de este año la Amazonía brasileña perdió 796.08 kilómetros cuadrados de cobertura vegetal, frente a los 525.63 kilómetros cuadrados desforestados en el mismo período del 2019.
De esta forma, la tendencia de destrucción de la región amazónica sigue al alza, pues ya el año pasado la deforestación creció 85% hasta los 9,165.6 kilómetros cuadrados, su mayor nivel desde el 2016.
La Amazonía brasileña se vio fuertemente amenazada el año pasado por los incendios que castigaron la región entre los meses de junio y agosto y obligaron entonces al Gobierno a enviar a las Fuerzas Armadas para ayudar en el control del fuego.
Las imágenes de los incendios calcinando enormes extensiones de vegetación dieron la vuelta al mundo y provocaron una ola de indignación entre la comunidad internacional y las ONG, que acusaron del desastre al presidente brasileño, Jair Bolsonaro, por su retórica antiambientalista.
