:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/67GOEHRU5NGJDH6JPVP4SYN7XE.jpg)
El Gobierno brasileño incluyó el sistema de apuestas deportivas, reglamentado en el 2018 pero que nunca llegó a ser implementado, en su lista de empresas estatales y servicios a ser privatizados, informó el Ministerio de Economía.
Este servicio de apuestas, que despierta interés de grandes grupos mundiales, fue calificado inicialmente como apto para el Plan de Asociaciones de Inversiones (PPI), un programa del Gobierno para incentivar inversiones privadas en proyectos públicos, y fue incluido también en el Plan Nacional de Privatizaciones (PND).
El decreto publicado en el Diario Oficial tipifica como servicio a ser ofrecido a la iniciativa privada el sistema de lotería llamado “Apuesta de Cuota Fija”, más conocido por “apuestas deportivas” debido a que permite a una persona ganar premios definidos en el momento de hacer la apuesta por acertar pronósticos para eventos reales futuros de temática deportiva.
Este tipo de apuesta fue legalizado y reglamentado por una ley de diciembre del 2018, que lo estableció como un servicio a ser operado por el sistema de loterías públicas, pero nunca llegó a ser puesto en marcha.
Con su inclusión en el plan de privatizaciones, la intención es transferirlo a la iniciativa mediante un proceso de concesión o de autorización para atraer inversiones a Brasil, según explicó el Ministerio de Economía en un comunicado.
“Con la calificación del servicio en el portafolio del PPI y en el PND, será abierto un plazo para que sean realizados estudios para definir el modelo de privatización. La iniciativa contribuye para ampliar oportunidades de inversión, estimular la economía, aumentar la recaudación y generar empleos”, explicó el ministerio.
La ley que reglamentó el servicio de apuestas determinó que el 80% de la recaudación sea destinada al pago de los premios, 2% para entidades deportivas de fútbol, 2.5% para inversiones en seguridad pública, 1% para entidades educativas y el restante para el mantenimiento y el pago de impuestos.
Las apuestas deportivas fueron reglamentadas precisamente porque el Gobierno descubrió que estaba perdiendo una importante fuente de recaudación tributaria por un servicio que es ofrecido por numerosos portales en internet legalmente constituidos en el exterior y que pagan premios por apuestas para pronósticos de resultados de torneos deportivos en Brasil, principalmente la liga de fútbol.
Por tener sede en el exterior, tales portales para apuestas no pueden ser sancionados por violar la ley de 1946 por la que los juegos de azar fueron prohibidos en Brasil, incluyendo casinos, loterías y bingos.
La única excepción a dicha ley son las loterías ofrecidas por el Estado, así como algunos contados sistemas de apuestas de carreras de caballos ofrecidas por hipódromos privados.
Los defensores de las apuestas deportivas calculan que el Estado pierde anualmente unos 6,000 millones de reales (unos US$ 1,200 millones) por no poder cobrar impuestos ni tasas de autorización o concesión sobre los sistemas que ya funcionan en internet.
Según el Ministerio de Economía, uno de los modelos para privatizar las apuestas deportivas es el sistema de concesión de octubre pasado con el que fue transferido a un consorcio privado la operación de la Lotería Instantánea Exclusiva (Lotex), un sistema de juego de “raspe y gane” que era administrado por un banco público.
Dicha concesión por 15 años se la adjudicó un consorcio integrado por dos gigantes mundiales de los juegos de azar, la italiana IGT y la estadounidense SGI, que pagaron 817.9 millones de reales (unos US$ 163.6 millones) tan sólo por el derecho a operar.
La Lotex fue incluida en el plan de privatizaciones en el 2016 por el Gobierno del entonces presidente Michel Temer pero el proceso se arrastró tres años por la falta de interesados debido a las exigentes reglas iniciales.
Tras dos intentos frustrados, el presidente Jair Bolsonaro flexibilizó las normas, facilitó el pago de la concesión y redujo las exigencias sobre el tamaño de los competidores, con lo que finalmente consiguió privatizar el servicio.
