Este lunes inicia el juicio contra la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, y el gobernador suspendido Luis Fernando Camacho, en el marco del caso “golpe de Estado I”. Como parte de ese caso, tras la crisis política de 2019, la ex mandataria enfrenta acusasiones de terrorismo, sedición y conspiración.
La primera audiencia se realizará de manera presencial en el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz, en medio de la tensión política que atraviesa Bolivia con el quiebre del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) y ante duras críticas del sistema judicial.
Este juicio se llevará a cabo luego que la Fiscalía acusara a Áñez y Camacho por su presunta participación en la crisis que derivó en la renuncia del expresidente Evo Morales. También serán procesados el exlíder cívico de Potosí, Marco Pumari, y los exministros Arturo Murillo y Fernando López.
Al respecto, el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó que los responsables de las cárceles donde están detenidos los acusados ya recibieron las instrucciones de salida para que cumplan con su asistencia a la primera audiencia del juicio.
“Todos los centros penitenciarios ya han sido notificados por el órgano competente, lo que establece que los directores de los centros penitenciarios ya están tomando los recaudos para dar cumplimiento a lo que ha establecido la autoridad competente”, afirmó Limpias a la prensa local.
Como se recuerda, Áñez está recluida en la cárcel de Miraflores en La Paz, mientras que Camacho y Pumari se encuentran en los penales de Chonchocoro y Cantumarca, respectivamente.
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Antecedentes del juicio de Áñez
La denuncia por la que la Fiscalía boliviana abrió el caso “Golpe de Estado I” la presentó la exdiputada del MAS Lidia Patty el año 2020. A partir de ahí tuvieron que pasar cuatro años para que se presentara la acusación formal contra los procesados.
En el caso golpe de Estado I se investiga los hechos que derivaron en la renuncia del expresidente Evo Morales (2006-2019) en 2019.
La crisis política y social de 2019 se desató luego de las observaciones a los resultados de las anuladas elecciones de ese año en las que Morales buscaba un cuarto mandato consecutivo, sin embargo el entonces mandatario renunció denunciando ser víctima de un supuesto “golpe de Estado”.
Para el oficialismo, Áñez vulneró los reglamentos del Senado y la Cámara de Diputados para ponerse en sucesión constitucional y asumir la Presidencia tras la renuncia de Morales y de todos los que por ley estaban habilitados para liderar el Ejecutivo.
La defensa de Áñez argumenta que ella accedió a la Presidencia en su condición de segunda vicepresidenta del Senado a causa del “vacío de poder” tras la renuncia de Morales, su vicepresidente y las cabezas del Senado y la Cámara de Diputados.
Cabe recordar que, Áñez ya fue sentenciada por la Justicia boliviana en junio de 2022 a 10 años de cárcel por otra caso llamado “golpe de Estado II” también por su participación en la crisis política de 2019.
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