La decisión del presidente Gustavo Petro de tomar el control de una de las principales aseguradoras de salud colombianas sienta un peligroso precedente, según el sector y las asociaciones de pacientes.
La Superintendencia Nacional de Salud del país sudamericano administrará por un año a la EPS Sanitas, al no cumplir con los requisitos de reserva financiera. Con casi seis millones de usuarios, la empresa es la segunda aseguradora de Colombia.
La adquisición del martes no mejora la salud de las personas, afirmó en un comunicado ACEMI, un grupo del sector que representa a las aseguradoras sanitarias privadas. “Los trabajadores sanitarios y sus familias asumen la incertidumbre y el riesgo de estos procesos”.
Petro está recurriendo a la intervención directa en la industria privada a medida que sus esfuerzos por reformar el modelo económico conservador de Colombia se estancan en el Congreso. El presidente de izquierda quiere que el Gobierno desempeñe un papel más importante en sectores que van desde la sanidad hasta la energía, pero se enfrenta a una resistencia cada vez mayor y su coalición política se está fracturando.
Las aseguradoras de salud, conocidas como entidades promotoras de salud (EPS), han advertido que los retrasos en los pagos y la insuficiencia de las transferencias del Gobierno han estado ahogando a las empresas en deudas y poniendo en peligro su viabilidad financiera. La EPS Sanitas forma parte del grupo sanitario Keralty SAS y su principal accionista es el multimillonario español Joseba Grajales. Los representantes de Sanitas y Keralty declinaron hacer comentarios.
El miércoles, Gloria Quiceno, representante de una asociación de pacientes de Sanitas, dijo en entrevista que, históricamente, cuando las autoridades toman el control de una EPS hay un deterioro en el servicio a largo plazo, las deudas crecen y los problemas aumentan hasta que se liquidan las aseguradoras.
La EPS Suramericana, filial del Grupo de Inversiones Suramericana SA, dijo en su informe financiero del cuarto trimestre que no cumplía con el “indicador de patrimonio adecuado” del gobierno. La empresa citó eso y la insuficiente financiación como factores que pueden conducir a un deterioro financiero de sus activos. EPS Sura también señaló la posibilidad de una intervención gubernamental como un riesgo potencial para sus operaciones.
Petro defendió su decisión sobre la EPS Sanitas, argumentando en la plataforma de redes sociales X que el Gobierno tiene “la obligación de salvar el sistema de salud”.
Los grupos económicos, sin embargo, ven la medida del presidente contra Sanitas como una amenaza potencial para todo el sistema sanitario.
La ANDI, la mayor asociación empresarial de Colombia, dijo en un comunicado que desde hace varios meses han advertido del inmenso riesgo de que se produzca una crisis de grandes proporciones dada la brecha entre costos e ingresos en el sistema de seguros
Tras la toma de control de Sanitas el martes, más de 25 millones de usuarios —es decir, aproximadamente la mitad de la población del país— están bajo la responsabilidad directa del Estado en el sector sanitario, según el grupo.
Por su parte, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, instó a los usuarios de Sanitas a mantener la calma. “Los servicios continuarán sin ningún inconveniente”, dijo tras la intervención del Gobierno.
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