La Justicia de Argentina registró el apartamento en Buenos Aires del expresidente argentino Alberto Fernández (2019-2023) e incautó su teléfono móvil en el marco de la investigación por presunta violencia de género denunciada por su expareja, informaron este sábado medios locales.
Fuentes judiciales citadas por la prensa local confirmaron que el procedimiento, ordenado por los fiscales Carlos Rívolo y Ramiro González, se llevó a cabo la noche de este viernes en el edificio del barrio capitalino de Puerto Madero donde vive el exgobernante.
En el registro, realizado por efectivos de la Policía Federal, se incautó el teléfono móvil y otros dispositivos electrónicos del dirigente peronista.
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La medida judicial se llevó a cabo en el marco de la investigación abierta el pasado martes, luego de que la exprimera dama argentina Fabiola Yáñez decidiera impulsar una denuncia en contra de su expareja por violencia machista.
Yáñez, de 43 años, actriz y periodista de profesión, tomó esa decisión después de que la Justicia, en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias del exmandatario, hallara en un teléfono móvil de una secretaria de Fernández conversaciones e imágenes que indicarían la posible comisión del delito de “lesiones leves en contexto de violencia de género” a la expareja del político peronista, de 65 años.
Tras la denuncia, el juez federal Julián Ercolini prohibió a Fernández salir de Argentina y le ordenó no acercarse ni contactar por ninguna vía a Yáñez, quien reside actualmente en Madrid y que manifestó estar padeciendo “terrorismo psicológico” por parte de Fernández.
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El mismo martes, mediante un breve comunicado en la red social X, el expresidente negó las acusaciones en su contra y dijo que presentará pruebas de su falsedad ante la Justicia.
Fernández designó a la abogada Silvina Carreira, una especialista en derecho de familia, para que lo defienda en esta causa judicial.
Fuentes judiciales citadas por el portal de noticias Infobae confirmaron este sábado que Carreira solicitó a Ercolini que el caso sea traspasado de los tribunales federales de Buenos Aires a los de la localidad bonaerense de San Isidro, dentro de cuya jurisdicción judicial se encuentra la residencia presidencial de Olivos, sitio donde presuntamente ocurrieron los hechos denunciados por Yáñez.
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