Políticas para la gestión y administración del conocimiento

Luis Alonso García M.N.EXVICEMINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR

Con el reciente Decreto Supremo No. 004-2014-Produce, bajo la batuta del ministro de la Producción, Piero Ghezzi, se dio finalmente luz al Plan Nacional de Diversificación Productiva (PNDP) del actual Gobierno.

Mucho se ha dicho sobre este plan, su sustento y objetivos, el cual al final pretende, con las mejores intenciones, dar cara a la necesidad de una agenda nacional "muy" rezagada por cierto, para enfrentar los cambios fluctuantes del entorno económico internacional, la competitividad, la brecha de modernidad, la institucionalidad y una necesaria trasformación productiva basada en la innovación. Factores todos pertenecientes a un escenario en el que los países que no apuesten por la "educación y la innovación se van a quedar estancados" (Oppenheimer, 2014).

En efecto, la economía global del presente siglo se caracteriza porque la riqueza de las naciones se concentra en la producción, administración y capitalización de la ideas y el conocimiento por sobre los recursos naturales y las materias primas. Por ello, el Perú no puede sustentar su proyección de desarrollo y crecimiento de su economía en la explotación de recursos naturales no renovables, contando únicamente con una básica y poco eficiente capacidad competitiva proyectada hacia mercados internacionales.

La estrategia nacional y sus políticas deben sustentarse en una sólida y sostenible capacidad para desarrollar nuevos esquemas de oferta competitiva, aprovechando los mercados ampliados generados por los tratados de libre comercio y los nuevos espacios de integración con el mundo. Por ello, las políticas públicas deben promover y las iniciativas empresariales enfocar las estructuras productivas, procurando agregar valor hacia la sofisticación de productos. Estas actividades deben apoyarse necesariamente en la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), la capitalización de activos intangibles y el uso adecuado de las herramientas legales para impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico, como es el caso de la propiedad intelectual y la transferencia de tecnología.

Debemos tener claro que el mundo y los mercados en los cuales compite el Perú tienen una mayor y creciente demanda intensiva en tecnología y conocimiento. Por ello, el carácter estratégico y la regulación de los activos inmateriales de la propiedad intelectual se encuentran claramente afianzados en el mundo moderno, constituyendo factor clave para generar capacidades estratégicas en las empresas y afrontar los retos constituidos por las nuevas necesidades de los mercados, cada vez más sofisticados, logrando innovar de forma eficiente, obteniendo con ello ventajas significativas sobre los competidores globales. Entonces, proteger y capitalizar el conocimiento para la competitividad a través del sistema de propiedad intelectual debe ser un tema de tarea nacional.

Debido a que la innovación y la propiedad intelectual son conceptos íntimamente vinculados, las experiencias internacionales nos demuestran que la organización de sistemas nacionales de innovación descansa, principalmente, en políticas activas de fomento a la investigación y desarrollo (I+D), así como en el estímulo a la creatividad y cultura; y en mecanismos de incentivo mediante la asignación y protección de derechos de propiedad intelectual. En este sentido, la ejecución de un plan de acción para formular las políticas públicas en materia de propiedad intelectual para el Perú no puede ser ajeno a los planes integrales nacionales, como es el caso de la PNDP y, además, debe contar con una visión institucional de carácter transversal e inclusivo.

A la entidad nacional que asuma la tarea de aproximar las políticas públicas en materia de propiedad intelectual, se le recomienda que empiece pronto, estructurándolas en base a iniciativas agrupadas alrededor del desarrollo productivo, impulso de ciencia y tecnología, competitividad y cultura empresarial para la innovación.