
OPINIÓNRubén CanoGERENTE DE ASUNTOS PÚBLICOS DE LLORENTE & CUENCA
Según el último estudio Empresa – Gobierno desarrollado por Llorente y Cuenca, la confianza de los empresarios en las políticas de gobierno va de suficiente (55,3%) a escasa y nula (36,2%), mientras que la de los políticos es suficiente (50,7%) e, inclusive, alta y muy alta (39,1%). Pero lo que más llama la atención son los mecanismos de trabajo conjunto: para los empresarios la colaboración del gobierno del país a la actividad empresarial es suficiente (47,4%) y escasa (46,1%), a diferencia de los políticos, quienes señalan que es suficiente (55,1%) y alta (27,5%).
En ese sentido, habría que realizar varios mea culpa. Para los empresarios, pues que los proyectos en los que inviertan no solo deben "ser rentables" y "generar puestos de trabajo", sino que deben tener un valor agregado atractivo para el actual gobierno que se adecúe al claro relato que promueve (crecimiento económico con inclusión social), con objetivos en conjunto más a largo plazo en miras del bienestar común que el mero hecho de resolver intereses particulares. En ese sentido, el sector privado debería incluir estas prácticas en sus planes de negocio, como lo hace con la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), que promueve el cuidado del entorno global favoreciendo la sostenibilidad de todos (incluido el negocio mismo). Una especie de "Responsabilidad Política Corporativa". De esta manera se van a fortalecer estas relaciones y se crearán espacios de trabajo en conjunto mucho más coordinados, transparentes y formales.
Para el sector público, pues mejorar los procesos de gestión que permitan que el aparato estatal avance a la velocidad del mercado y sus agentes económicos. Existen iniciativas de transferencia de competencias, asociaciones público privadas (APP) o las exitosas obras por impuestos. Pero también debería trabajarse en un cambio cultural generalizado de esa predisposición negativa, tanto del funcionario público como del empresariado, para trabajar juntos. La mejora de la gestión pública implica transparentar y facilitar esta relación para erradicar el miedo a estar violando alguna norma o la paranoia de sentirse bajo el síndrome "Brujas de Cachiche". Esto podría contrarrestar la inamovilidad de gestión de funcionarios que tienen temor de firmar procesos que puedan generarle problemas legales y demandas económicas exorbitantes. Este cambio cultural debe extenderse a todos los actores sociales para que sepan que tienen el derecho y el deber de intervenir en política.
Si queremos gente proba que nos represente, pues entonces participemos nosotros mismos, promovamos su interés, pues todos debemos asumir nuestra responsabilidad política. El progreso para todos no solo es responsabilidad del Gobierno, es responsabilidad de todos.
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