Castañeda no pagará a las empresas que operan Corredor Azul

Con el pie en alto. El alcalde de Lima, Luis Castañeda, arremetió contra la llamada reforma de transporte emprendida por Susana Villarán.

El burgomaestre afirmó que existen "errores" en la puesta en marcha del denominado Corredor Azul.

No obstante, sostuvo que estos son problemas del consorcio TGA, a cargo de los corredores, por lo que descartó algún tipo de indemnización por parte del municipio a las empresas que lo conforman.

"El hecho de que ganen o pierdan plata es una cuestión empresarial (…) Hasta la fecha no tenemos ninguna razón para pagar. El hecho que ellos (las empresas) tengan problemas es porque si entran como empresa privada, tienen los riesgos propios. Pero además tiene obligaciones contractuales. Y yo pregunto, ¿están listos los patios, están listos los paraderos?", subrayó.

Contraloría

El líder de Solidaridad afirmó que un informe de la Contraloría confirma que el denominado Corredor Azul no tenía estudios técnicos concluidos. "El informe de la Contraloría del Órgano de Control Institucional (OCI) dice que los estudios (técnicos) estaban a un 30% de perfil", indicó.

Calificó de engañifa la reforma de Villarán y sostuvo que el "reordenamiento" del transporte se inició en su gestión del 2006. Al respecto, Castañeda aseguró que ya tienen una estrategia entre manos para resolver el problema, la cual se trabaja en conjunto con Protransporte y la Gerencia de Transporte Urbano.

"Estamos replanteando una serie de estudios porque me interesa salvarlo, no actuar políticamente", enfatizó en América Televisión.

No obstante, no pudo precisar cuándo estaría listo. "Hay distintos plazos. Hay plazos que obviamente se van a reajustar", apuntó.

Respuesta. Representantes de la Coordinadora de Consorcios del Sistema de Transporte, que incluye al Corredor Azul,solicitaron reunirse con Luis Castañeda. "Queremos que la municipalidad cumpla su parte del contrato", señalaron.

Dejaron abierta la posibilidad de presentar una demanda contra el municipio por presunto incumplimiento contractual.

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