Una de las muestras del avance significativo de la criminalidad es lamentablemente la región de La Libertad, precisamente, las provincias de Pataz y Trujillo. Solo considerando los hechos con repercusión nacional, en las últimas dos semanas, se registraron atentados, calificados por diversos expertos como “terroristas”, en estas zonas. Esto, luego de que, en el 2024, se ubique como la segunda región en el Perú con más asesinatos (272), según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).
En Pataz, la madrugada del 12 de enero, la minera Poderosa denunció que personas relacionadas a la minería ilegal detonaron dinamita sobre torres de alta tensión que suministran energía para sus operaciones. Solo cuatro días después, la empresa nuevamente reportó un ataque igual. Con este, acumularon 16 atentados de este tipo, a lo que se suma la trágica pérdida de 18 de trabajadores de la minera y la toma de 25 galerías (túneles para extraer minerales) por mineros ilegales.
Luego, en la madrugada del lunes 20 de enero, la criminalidad perpetuó un nuevo ataque. A la sede del Ministerio Público en Trujillo se lanzó dinamita, lo que generó una explosión significativa en la zona y, según información preliminar, el atentado estaría vinculado a la minería ilegal y el móvil era amedrentar a una fiscal que investiga una organización criminal.
Información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) muestra que la tasa de victimización en zonas urbanas en La Libertad viene creciendo desde la postpandemia y, aunque todavía por debajo del promedio nacional (27.7%), se viene cerrando dicha brecha cada vez más: al primer semestre del 2024, alcanzó al 24.6% de su población.
Impactos, pese a declaratorias de emergencia
Una de las primeras medidas del Gobierno peruano ante estos graves atentados habría sido la declaración de estado de emergencia en estas provincias. Ya se encuentran en esta condición hace meses.
Las declaratorias, tanto en Trujillo como Pataz, están vigentes desde febrero del 2024. Gestión identificó que la primera, en el caso de cada provincia, se dispuso por 60 días y, a partir de ello, se promulgaron nueve prórrogas. La última se decretó a inicios de enero y estará vigente por 60 días calendarios.
Sin embargo, la criminalidad no ha hecho más que avanzar sangrientamente. Al primer semestre del 2024, la percepción de inseguridad en zonas urbanas en La Libertad (88.7%) se posicionó por encima del promedio nacional y la brecha se amplió.
La Libertad bajo análisis
Solo esta perspectiva tiene un impacto directo en su economía y la productividad. Paola Herrera, analista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), señaló que la tercera parte de su actividad regional se sustenta en sectores de servicios, principalmente, explicados en negocios pequeños e informales. Este segmento, además, emplea a alrededor del 25% de su población.
“La inseguridad afecta gravemente a todas las actividades económicas y de todos los niveles, sobre todo a este grupo de empresarios y emprendedores que son la mayoría en la región y cuentan con mucho menos recursos para poder protegerse de la delincuencia”, indicó Fernando Guerra, presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL), en diálogo con este diario. Aquí están los rubros como transporte, comercio, turismo, y los que se desprenden de estos.
Desde la Cámara de Comercio de La Libertad apuntaron que son alrededor de 16,000 transportistas, únicamente en Trujillo, que están expuestos a las extorsiones y pagan cupos diarios. Esto representa alrededor del 65% del total, según la Asociación de Transportistas de la Región La Libertad. Además, se estima que el 90% de los taxistas también pagan cupos.
Sobre el sector comercio, desde la Asociación de Bodegueros del Perú ubicaron a La Libertad como la segunda región a nivel nacional con mayores indicadores de víctimas de extorsión: al menos 6 de cada 10 bodegas lo sufren.
En el turismo, la criminalidad les impide siquiera recuperar los visitantes que tenían en la prepandemia (mínimo de dos millones) cuando en los últimos años apenas superaron el millón.
“La inseguridad está mermando en la llegada de visitantes y esta situación afecta a miles de emprendedores, empresarios, trabajadores y sus familias, vinculados a negocios como hoteles, restaurantes, guías de turismo, transportistas, entre otros”, indicó Guerra.
Otro de los sectores afectados es la minería. Además de tener que elevar en 10 veces sus gastos de seguridad, Pablo de la Flor, gerente de Asuntos Corporativos de Poderosa, comentó a este diario que, durante todo el 2024, se registró la salida de 11,000 volquetes, cada uno cargado con un promedio de 30 toneladas de minerales. El 70% salieron de concesiones de Poderosa, según revisiones de la misma minera.
“El valor del mineral despachado ilícitamente por mineros informales/ilegales desde concesiones de Poderosa a plantas en la costa solo durante el primer semestre del 2024 ascendió a los US$300 millones”, indicó De la Flor.
En los últimos cuatro años, el reporte acumulado es que salieron más de 35,000 volquetes de Pataz cargados de mineral, de los cuales entre el 70% y 80% fueron extraídos de concesiones de Poderosa, amparados en la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que son usados como un “camuflaje legal” por lo mineros ilegales.
“Tal situación le resta competitividad al sector minero aurífero liberteño y ahuyenta las inversiones formales”, indicó el presidente de la cámara.
La Libertad es la segunda mayor región productora de oro en el país. Cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem) mostraron que, al 2022, la minería empleó de manera directa a alrededor de 19,000 trabajadores. Pero por sus altos encadenamientos, desde el IPE estimaron que se generaron 155,000 empleos adicionales. Sin embargo, advirtieron que la producción registra caídas debido a la falta de inversiones.
Los últimos datos de la economía de La Libertad apuntaron una desaceleración. Al tercer trimestre del 2024, creció solo un 1.3%, por debajo del 2.2% del primer trimestre y del 11.3% del segundo, recogió el IPE. En el último período analizado, servicios anotó un crecimiento de solo 2.6%, mientras que minería e hidrocarburos cayó en 1.5%.
“La afectación de la criminalidad en La Libertad va más allá del presente. Si no se toman medidas estratégicas, formalizar a aquellos mineros que sí lo busquen y detener a los ilegales, se frenará la potencialidad de expandirse. La criminalidad perjudica hacia el más allá, al futuro”, reflexionó Herrera.
Saludo a la bandera
Guerra, de la cámara, arremetió contra las declaratorias de emergencia como respuesta que tiene el Gobierno, mientras la criminalidad aumenta. “Simple y llanamente, los estados de emergencia fracasaron. Se dieron 10 normas para decretarlo y prorrogarlo y 10 veces fracasaron”, subrayó.
Coincidiendo, Rubén Vargas, experto en temas de crimen organizado, indicó que Pataz y Trujillo hoy evidencian claramente que estas declaratorias fueron un “absoluto fracaso” y criticó que, ante estos crímenes, la respuesta del Gobierno se haya reducido a “declaratorias demagógicas y populistas”.
“Este Gobierno trató de convertir las declaratorias en una varita mágica. Incluso, nos remite a una dramática realidad de fracaso y donde el Gobierno insiste en una fallida fórmula, cayendo en el dolo y generando muertes”, apuntó.
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Vargas también apuntó al Congreso de la República, indicando que viene legislando en favor del crimen organizado. A fines del 2024, ampliaron por tercera vez el Reinfo hasta la mitad de este año, pero con la ventana para que se amplíe hasta el cierre del año. Este “mecanismo provisional” ya tiene siete años de vigencia.
Para Guerra, las acciones que debe tomar el Gobierno deben “desvincularse de cálculos políticos”, además de dejar de ser reactivar para ser preventivas.
“El gobierno regional no cuenta con la logística, los recursos y la inteligencia para afrontar este escenario. Venimos exigiendo desde hace años mayor acción, resultados. Tenemos un déficit de policías para la región. Pareciera que hay una miopía intencional que permite este avance del crimen”, observó. “Celebramos una cifra macroeconómica, pero tenemos en la realidad que la inseguridad es la principal preocupación de la mayoría de peruanos y no se destinan recursos”, complementó el representante gremial.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
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