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El Congreso debatió ayer por más de dos horas el dictamen del proyecto de ley que busca incentivar el crecimiento del mercado de vehículos eléctricos en el Perú mediante la exoneración de un número de tributos, como son el IGV, el Impuesto a la Renta (IR) y el ISC.
Tras las opiniones de los parlamentarios, a favor y en contra del texto, la propuesta quedó en un cuarto intermedio en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso; y el dictamen se presentaría la próxima semana.
Ahora, el Ministerio de Economía y Finanzas emitió un comunicado en el que recalcó que el proyecto es poco efectivo, ya que no resuelve el problema de la contaminación medioambiental y, además, generaría un costo fiscal de S/20,000 millones, equivalente a “dos veces lo que se necesita para reemplazar todos los ómnibus de Lima y Callao por ómnibus eléctricos”.
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Opinión sobre exoneraciones
El MEF señala que una exoneración total del IGV es “altamente regresiva”, ya que la mayoría de la población no será beneficiada por esta medida.
“La evidencia muestra que vendedores no trasladan efectivamente la exoneración del IGV como menor precio a los compradores. En el supuesto caso que lo hicieran, beneficiarían, fundamentalmente, a hogares con altos ingresos, con capacidad de adquirir un automóvil eléctrico con un precio de hasta US$35,000″, recalca el ministerio.
Indica que las exoneraciones del IR no están justificadas y serían destinadas a los importadores y concesionarios de vehículos “en desmedro de una menor recaudación de ingresos públicos”.
Estos vehículos ya están exentos del ISC, por lo que incluirla en la ley sería innecesario, subraya.
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Otros puntos a considerar
Según el MEF, los productores mundiales ya tienen previsto migrar su producción a vehículos eléctricos en un plazo de 5 a 10 años por lo que “habrá una transición natural” al nuevo mercado, sin la necesidad de emitir nuevas políticas con altos impactos fiscales.
Hoy en día los vehículos eléctricos conforman el 1.51% del parque automotor nacional mientras que en países de la región donde ya se han implementado políticas nacionales para incentivar su venta, como Colombia, ya llegan a conformar un 10.60% del mercado nacional.
Adicionalmente, según el ministerio, la propuesta beneficia “principalmente a un segmento de la población que no necesita de la ayuda estatal y no contribuirán con reducir el impacto de la contaminación ambiental o congestión vehicular”, por lo que sería poco efectiva en lo que busca lograr.
Agrega que el proyecto no ataca el principal problema detrás de la contaminación: las emisiones de Diesel producidas, principalmente, por vehículos de transporte público de pasajeros y el transporte de carga.
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