Se estima que se recaudarán hasta S/ 1,200 millones anuales aplicando el Impuesto General a las Ventas (IGV) a los servicios de streaming. Un especialista destaca que este incremento en los ingresos fiscales es positivo, pero advierte que no debería aplicarse de manera regresiva, afectando a un sector específico de la población.
A partir del 1 de octubre, aproximadamente 600 plataformas de streaming y otros servicios digitales que operan en el país deberán pagar el IGV. Con esta medida, se espera recaudar S/ 1,200 millones anuales y S/ 600 millones en lo que resta del año.
De acuerdo con el Decreto Legislativo Nº 1623, promulgado por el Ejecutivo el 4 de julio, empresas como Netflix, que no tienen domicilio fiscal en Perú, deberán registrarse en la Sunat y obtener un número de Registro Único de Contribuyentes (RUC) para declarar el IGV a partir del 1 de octubre.
Luis Moreno, director de Fiscalidad Internacional de Latindadd, elogió el incremento en la recaudación fiscal del gobierno peruano, pero consideró que la medida es regresiva, ya que el impuesto recaerá en un grupo específico de la población.
Moreno explicó que aunque este impuesto se alinea con prácticas fiscales de otros países, no aborda el problema principal: la evasión del impuesto a la renta por parte de grandes empresas digitales como Netflix, AirBnB y Prime. Advirtió que, en realidad, el impuesto no será pagado por las empresas, sino que será transferido a los usuarios de estos servicios, como ha sucedido en otros países.
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“Es un impuesto regresivo de fácil recaudación que no atiende el verdadero problema: la evasión del pago del impuesto a la renta de plataformas como Netflix, Airbnb, Prime, entre otras”, sostuvo.
Moreno también mencionó que la implementación de la “tasa Netflix” podría generar costos administrativos adicionales, ya que los bancos, que actuarán como agentes retenedores del IGV a través de tarjetas de crédito o cuentas bancarias, podrían exigir el pago de estos costos, lo cual también sería trasladado a los usuarios.
Añadió que una situación similar ocurre con plataformas como Airbnb, que conecta a personas que desean alquilar propiedades con los propietarios, donde la única mediación es la transacción financiera.
“Lo que busca la Sunat además es identificar a las personas naturales que tiene estas actividades, de alquiler de inmuebles. Identificarían cuántas viviendas tienen bajo este mecanismo, como Airbnb, y lo gravarán como una actividad inmobiliaria, entonces les van a pedir el pago del impuesto a la renta, además de exigirles también el pago del IGV sobre esas transacciones”, precisó el especialista.
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Moreno también mencionó que la Sunat busca identificar a las personas que alquilan inmuebles a través de estas plataformas, para exigirles el pago del impuesto a la renta y del IGV sobre esas transacciones.
“Los bancos también evaluará el procedimiento y costos que les genera, pues podrían exigir que se les pague el costo administrativo de retener el 18% a los usuarios que contratan los servicios de plataformas digitales. Y eso, es muy probable, también será trasladado a los usuarios”, indicó.
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