S&P: un cambio negativo en política macroeconómica afectaría calificación crediticia de Perú

Dado que actualmente no hay vicepresidente (Vizcarra asumió el cargo cuando renunció el expresidente Pedro Pablo Kuczynski), el titular del Congreso, Manuel Merino, asumió el martes la presidencia. El gabinete, que renunció tras la vacancia contra Vizcarra, también cambiará.

“Asumimos que las elecciones se llevarán a cabo según lo programado en abril del 2021, y que un nuevo presidente y Congreso tomarán posesión en julio. Mientras tanto, se podría aprobar alguna legislación controvertida, como más retiros de fondos de pensiones, que el Congreso ha estado impulsando en los últimos meses, aunque nuestro escenario base es que no dañaría significativamente los fundamentos crediticios del país”, afirma S&P en un comunicado.

El juicio político de Vizcarra sigue a tres años de acusaciones de corrupción y tensiones entre los poderes ejecutivo y legislativo. De hecho, Merino será el tercer presidente en cuatro años. Los acontecimientos políticos han incluido varios procesos de juicio político desde diciembre del 2017 contra Kuczynski y Vizcarra, así como la disolución del Congreso anterior en setiembre del 2019.

“Estos eventos generan incertidumbre, que puede erosionar la confianza de los inversores y reducir la capacidad de implementar reformas. Al mismo tiempo, las crisis políticas y los escándalos de corrupción no han dado lugar a cambios significativos en las políticas económicas clave en el Perú hasta el momento”, indicó la agencia de calificación crediticia.

El país tiene un historial de continuidad de política económica en todas las administraciones, que ha fomentado la estabilidad de las finanzas públicas, una gestión prudente de la política monetaria y un crecimiento económico equilibrado en las últimas dos décadas, recordó S&P.

De hecho, la baja deuda pública del Perú, la disponibilidad de activos líquidos y el buen acceso a diferentes fuentes de financiamiento le dieron al gobierno espacio para maniobrar los riesgos macroeconómicos de la pandemia del COVID-19, resaltó.

“Nuestra evaluación institucional del Perú se basa en la continuidad de la política pragmática del Gobierno peruano en general, sea quien sea el presidente”, anotó.

Un cambio negativo inesperado en las políticas macroeconómicas que dañe el historial del Perú de formulación de políticas predecibles sería negativo para la calificación.

Al mismo tiempo, las crisis políticas persistentes en el futuro podrían socavar la capacidad para la implementación efectiva de políticas y los esfuerzos para mantener condiciones económicas favorables y finanzas públicas sostenibles, especialmente después de que la pandemia disminuya.

La dinámica del crecimiento económico será clave para la calificación en el mediano plazo y estará influenciada por decisiones de política. Si bien el Perú actualmente no tiene una agenda urgente de reformas estructurales, hay reformas pendientes para recuperar mayores tasas de crecimiento económico en el mediano plazo.

Si bien el crecimiento económico se mantuvo relativamente sólido durante los 10 años hasta el 2019, se ha desacelerado constantemente, en parte debido a los menores niveles de inversión.

El crecimiento del PBI per cápita cayó a 2.2% en el 2015-2019 desde 4.4% durante el 2010-2014, y la inversión del sector privado cayó a aproximadamente 18% del PBI el año pasado desde 20.4% en el 2014. La inversión pública también cayó durante ese período, a alrededor de 4.6% del PBI desde 5.6% del PBI.

Las debilidades institucionales han limitado la capacidad de los gobiernos subnacionales para invertir y construir la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento del PBI y mejorar los niveles de vida. A nivel nacional, tales debilidades también podrían limitar la capacidad del Perú para promover proyectos de asociación público-privada, así como grandes inversiones del sector público.

Mientras tanto, la productividad sigue siendo baja en gran parte de la economía, limitada por la alta informalidad y las debilidades en el sistema educativo, el sistema legal y el poder judicial.

Impulsar el crecimiento económico potencial en el mediano plazo requerirá mejoras en la capacidad para ejecutar proyectos de infraestructura y medidas que mejoren la productividad.

“Si bien nuestro escenario base actual supone una amplia continuidad de la política macroeconómica, un gobierno nacional potencialmente débil o ineficaz después de las elecciones del 2021 disminuiría las posibilidades de avanzar en las reformas para abordar los obstáculos estructurales al crecimiento del PBI a largo plazo, que es clave para la calificación”, explicó la agencia.

Una mejora sostenida en la educación, la atención médica, el sistema legal y judicial y el desempeño del sector público en general sentaría las bases para un mayor crecimiento del PBI a largo plazo y una mayor diversificación económica, basada en la estabilidad social y política.