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La decisión del Ministerio de Trabajo (MTPE) de eliminar parcialmente la tercerización laboral significará un duro revés para la reactivación económica y pone en grave riesgo la sostenibilidad, competitividad y productividad del sector minero energético.
Esta preocupación le fue expuesta al presidente del Consejo de Ministros (PCM) Aníbal Torres por parte de la junta directiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) que la integran Raúl Jacob, presidente y los vicepresidentes Magaly Bardales del sector minero, Carlos Mario Caro del sector eléctrico y María Julia Aybar del sector hidrocarburos.
Durante la reunión desarrollada en la sede de la PCM, los directivos de la SNMPE señalaron que a través del Decreto Supremo N° 001-2022-TR, el MTPE ha tomado una decisión unilateral y arbitraria, que conllevaría la pérdida de miles de puestos de trabajo, además de incrementar diversos precios y costos, lo que podría generar la paralización de inversiones y nuevos proyectos en los sectores minero, eléctrico y de hidrocarburos.
El gremio empresarial explicó que el referido Decreto Supremo del MTPE transgrede la Constitución Política en los principios referidos a la libertad de empresa, libertad de contratación, propiedad y seguridad jurídica, así como es contrario tanto a la Ley de Tercerización, que no establece restricciones en la materia; y al TUO de la Ley General de Minería que habilita a las empresas mineras para contratar a compañías especializadas inscritas en el Ministerio de Energía y Minas con el objeto de realizar trabajos de exploración, desarrollo y explotación.
Asimismo, detallaron que este decreto no protege a los trabajadores, atenta contra el proceso de formalización del empleo en el país y genera un grave riesgo para la continuidad de las empresas dedicadas a dar servicios de tercerización.
“Durante la pandemia del COVID-19 la fortaleza del ecosistema productivo del sector minero permitió que 1.8 millones de peruanos logren preservar sus puestos de trabajo, pero hoy con la norma emitida por el MTPE, de eminente sesgo populista, una parte importante de los mismos están en peligro de perderse”, subrayaron los representantes de la SNMPE.
Impactos por sectores
En ese sentido, -detallaron- que en la industria minera existen 2,069 empresas contratistas que se verían impactadas de manera negativa por la decisión del MTPE, que incluso perjudica a las empresas comunales que han formado las poblaciones vecinas a las unidades mineras.
Asimismo, le hicieron hincapié al Premier que el DS carece de fundamentos técnicos para eliminar la tercerización de actividades en la prestación de servicios públicos, como es el caso del sector eléctrico, lo que provocará el alza de las tarifas en perjuicio de los usuarios finales.
“Las empresas de servicios públicos desarrollan la mayor parte de sus actividades operativas a través de servicios tercerizados porque este esquema genera mayor especialización y eficiencia de costos para la determinación de las tarifas”, comentaron.
Al respecto, el gremio minero energético precisó que afectar este esquema de contratación también encarecería el servicio por la pérdida de eficiencia que se originaría por la desaparición de las empresas contratistas especializadas que trabajan en simultáneo en la atención de diferentes servicios públicos, empleando para ello las mismas maquinarias, equipos y suministros para atender a los distintos sectores.
También advirtieron que esta norma, aprobada a espaldas del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, va a agudizar la crisis que afronta el sector hidrocarburífero, dado que significará una pérdida de competitividad de las empresas que operan en el país al tener que asumir el sobrecosto que implicaría la eliminación de la tercerización.
“Una medida de este tipo encarecería toda la cadena formal de comercialización de combustibles líquidos, gas natural y GLP, traduciéndose en mayor inflación”, citaron.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía alertó que DS del MTPE va a incentivar la comercialización informal de combustibles líquidos y GLP que son actividades altamente reguladas en los aspectos laboral, tributario, seguridad y medio ambiente.
“Se va a producir un efecto perverso sobre los costos de las empresas que afectará la recaudación tributaria y a la vez perjudicará los montos del canon gasífero y petrolero, los cuales se definen sobre la base del impuesto a la renta y posteriormente son distribuidos a las regiones”, indicaron.
Finalmente, la directiva de la SNMPE exhortó al premier Aníbal Torres para que el Gobierno revise y derogue el Decreto Supremo N° 001-2022-TR ya que afectará la reactivación económica y el desarrollo del sector minero energético.
