Entre 2025 y 2026 las Asociaciones Público-Privadas (APP) en el sector saneamiento tomarían impulso. ProInversión tiene en cartera, por encargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) la tarea de encargarle a privados 16 proyectos de este rubro, según datos que compartió la agencia con Gestión.
El monto de inversión de este paquete, que incluye Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y desaladoras, alcanza los US$ 2,451 millones, siendo así el segundo sector con más proyectos por adjudicar en la cartera de ProInversión, solo detrás de las obras viales, que históricamente han liderado las APP activas.
Si bien los especialistas consultado por este Diario ven grandes oportunidades para seguir promoviendo la modalidad de inversión en este sector, ven con preocupación los grandes retos que aún persisten en este mercado, que pondrían en riesgo su adjudicación planificada.
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Las obras
Entre el primer y tercer trimestre del 2025, ProInversión podría adjudicar directamente siete PTAR y una desaladora bajo APP. Según su planificación, todas serían iniciativas privadas cofinanciadas.
En este grupo destaca, por ejemplo, la PTAR Trujillo, que con US$ 398 millones de inversión estimada, sería la APP más cara de todas. Aparte del resto de proyectos similares, destaca la Desaladora Ilo (US$ 171 millones). En 2026, aún sin un trimestre claro para adjudicarse directamente, se entregaría a un privado otra desaladora en Lambayeque (US$ 49 millones).
Al respecto, la ex ministra del MVCS, Hania Pérez de Cuellar, destacó que se apueste por este tipo de proyectos, ya que en Perú hay experiencia en desaladoras, pero son básicamente de uso privado.
“Ha funcionado en otros países, no veo porqué no podría ser igual aquí. Yo creo que es un alternativa interesante para proveer de agua en algunos puntos de la costa. Cada una debe tener un buen plan de negocios, verificar bien la demanda y que las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), que son la contraparte, puedan respetar el contrato”, detalló a Gestión.
En el mismo sentido Aldo Reggiardo, socio de Cuatrecasas y experto en proyectos, destacó las bondades de esta clase de proyectos. “Las desaladoras son un espacio para analizar. Es un fenómeno inverso al de una PTAR, donde se trata el agua residual para que genere menor impacto ambiental. La desaladora saca el agua de mar para convertirla de consumo humano o industrial. Sería muy útil en situaciones de escasez”, refirió a este Diario.
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Un sector especial
De lograrse adjudicar los 16 proyectos, las APP en este sector despegarían. Actualmente, entre todas las APP activas en Perú, solo el 5% corresponden a saneamiento, según comentaron desde ProInversión a Gestión a inicios de este año, cuando buscaban promover un paquete de 21 obras para este sector.
La primera APP en este sector fue la PTAR Chillón, operativa desde 2002. Luego siguieron cuatro más: PTAR Taboada, La Chora, el Trasvase del Proyecto Derivación Huascacocha - Rímac y Provisur, la única desalinizadora bajo esta modalidad activa en Perú.
A fines de este 2024, podría sumarse una APP más: la PTAR Puerto Maldonado, que ProInversión busca adjudicar este último trimestre, luego de haber pospuesto su entrega a privados en tres oportunidades, según recordó Reggiardo.
Precisamente el tiempo que está tomando adjudicar esta última PTAR sirve de ejemplo para detallar la serie de retos que representa impulsar una APP en saneamiento. Tener como meta adjudicar 16 APP en este sector al 2026 es poco viable, a consideración de Pérez de Cuellar.
“No creo que se logren adjudicar ni la mitad. El MVCS ha perdido un poco su capacidad de promoción, se está privilegiando el interés privado antes que el logro del servicio. La PTAR Puerto Maldonado ha tomado 10 años y sigue sin un postor final. No puede relanzarse solo bajo la lógica de que un inversor aparecerá”, señaló la ex ministra.
Otro ejemplo de un proyecto en este rubro que ha sufrido una suerte similar es Obras de Cabecera, megaproyecto para Lima y Callao que estaría en manos de Sedapal. Su primera fase se adjudicaría como APP en 2026 por US$ 476 millones, la más costosa de la cartera.
Al respecto, Reggiardo indicó que esta obra, que lleva décadas madurándose, no ha sido bien estructurada a nivel financiero. “Es algo que debe analizarse con cuidado. Había un riesgo en el tipo de cambio muy grande para el posible operador”, acotó.
El abogado también desconfía en que se logren adjudicar las 16 APP en saneamiento en los próximos dos años. A la fecha, solo uno de estos proyectos ha “avanzado”. La PTAR Chincha ya fue declarada de interés a inicios de octubre y recibirá propuestas durante 90 días.
Otro motivo para verlo así, resaltó, responde a la poca capacidad de la contraparte pública para sostener su propia operatividad. “Estas APP son cofinanciadas porque las EPS están prácticamente quebradas. ¿De dónde sacarán recursos para pagar la operación y mantenimiento al privado? Todo sale finalmente del MVCS. Es el que paga finalmente”, apuntó.
A las razones anteriores, Pérez de Cuellar suma una más. “Si una APP en términos números es interesante, pero en riesgos también es alto, no invierto. En este caso, hay un carácter social muy importante. Si una carretera se rompe, hay disgusto, pero se arregla. Cortar el agua es diferente, es muy sensible”, enfatizó.
La ex ministra recordó que, con la publicación del Decreto Legislativo 1620, se impulsó una reforma al sector saneamiento, con el objetivo de fortalecer a la gestión e inversiones de las EPS. Además, se dio más elementos para alentar las APP, como extender los plazos de concesión.
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Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Especializado en áreas como inversión pública, construcción, saneamiento y economías ilegales.
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