El 2024 ha sido un año importante para la inversión pública. Según el ministro de Economía y Finanzas (MEF), José Arista, ya alcanzó los S/ 49 mil millones, una cifra récord para el Perú. Sin embargo, dicho impulso no se ha sentido entre los proveedores de obra y consultoría que buscan adjudicar con el Estado bajo la Ley General de Contrataciones Públicas (LGCP). ¿Por qué?
Según datos oficiales del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), que Gestión revisó, solo el 5.8% de todos los proveedores inscritos vigentes para ejecutar o realizar consultorías de obra, tuvieron adjudicaciones este año hasta el 12 de diciembre. Un porcentaje que casi no se ha movido en nueve años.
Especialistas explican a este Diario los motivos detrás de esta realidad que envuelve a la inversión pública. Además, detallan porqué la situación no sufriría mayores cambios en 2025.
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Razones fuera del “récord”
El “ratio” de adjudicatarios respecto a los proveedores inscritos totales del 2024 es el más bajo desde el 2015, cuando fueron 7,542 las personas jurídicas o naturales que obtuvieron buenas pro con el Estado. Ello a pesar de que nunca antes hubieron tantos proveedores inscritos vigentes para hacer obra o consultorías como este año (111,873 en total).
Vale precisar que 3,183 procesos de selección fueron declarados desiertos o nulos durante 2024. Además, se realizaron menos convocatorias exitosas de este tipo que los últimos dos años. En 2022, hubieron 12,166 procesos de selección finalizados, una cifra inédita para el uso de la LGCP.
César Candela, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI), explicó que, si bien 2024 es un año positivo para la inversión pública, las adjudicaciones más destacadas se dieron fuera del ámbito de la LGCP.
“Han sido otorgadas bajo Asociaciones Público-Privadas (APP) con volúmenes importantes, pero donde la inversión es sobre todo privada. También están las Obras Por Impuestos (OxI) que han alcanzado cifras récord de adjudicaciones”, precisó.
Algo que vale la pena analizar a mayor profundidad, a consideración de Karla Gaviño, profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, es que, si bien hay más proveedores habilitados para concursar, se han realizado casi la misma cantidad de procesos de selección que años previos y además el monto adjudicado es menor.
“Probablemente responda a que son obras más pequeñas que las de años pasados o que la inversión de alguna forma se está atomizando. Creo que eso debe revisarse”, indicó.
Ambos especialistas señalan también que la poca variación de los adjudicatarios en 2024 responde al poco atractivo del marco normativo actual. Si bien en junio se oficializó una nueva LGCP, esta aún no entra totalmente en vigencia porque falta la publicación de su reglamento.
Luego de prepublicarlo en septiembre, el plazo para su publicación de parte del MEF vence este mes. Pero, según la misma norma, una vez oficializado el reglamento, deben pasar tres meses más para que la LGCP entre totalmente en vigencia.
Ello también quiere decir que todos los procesos de selección del 2024 se han realizado bajo el marco normativo anterior, que carga con bastantes deficiencias, razón por la que se buscó su modificación.
“Hay desconfianza en el sector público probablemente por eso. Muchos no quieren participar en sectores donde habitualmente se ejecuta obra habitualmente por los casos negativos o contrarios a la norma que hubieron en los últimos años”, manifestó Candela.
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¿Cambiará perspectiva en 2025?
Las voces consultadas por Gestión tampoco creen que el porcentaje de adjudicatarios crezca en 2025, ya que la aplicación de la nueva ley implicará una curva de aprendizaje, tanto para funcionarios como proveedores, que podría motivar cierta renuencia para impulsar nuevos procesos de selección.
“Toda reforma implica cierta cautela de parte del sector público. Los propios funcionarios lo hacen por miedo al error, sea voluntario o involuntario, y las consecuencias que ello pueda traer. Estarán a la expectativa de que haya mayor claridad, ya sea con asistencias técnicas o respuestas a consultas de parte del MEF y operar la nueva normatividad”, comentó Gaviño.
Lo que sí destacan es que el nuevo marco normativo introduce un “mecanismo valorativo de la reputación de los proveedores”. Según la propia LGCP, la información de esta medición será tomada en cuenta para evaluar postulantes en los procesos de selección.
Entre las características que incluirá este mecanismo, que estará alojada en la Plataforma Digital para las Contrataciones Públicas (Pladicop), figurarán las sanciones que hayan recibido los proveedores, cumplimiento de plazos de entrega en adjudicaciones previas, y hasta el nivel de riesgo financiero, entre otros.
“Se transparentará información porque, por ejemplo, esa información está en las resoluciones del OSCE, pero nadie revisa proceso por proceso. Será eficiente en la medida que tenga un buen sistema informático y soporte financiero detrás. Hoy el Seace (plataforma que reemplazará el Pladicop) no funciona bien”, refirió Candela.
A Gaviño, además de los retos de implementación, le parece importante analizar qué tanto pesará la información que entregue el Pladicop sobre el curriculum de los proveedores postulantes al momento de escoger al ganador de la buena pro.
“Son aspectos que se revisarán con el tiempo. Igual me parece una mejora importante no solo ver cuántos procesos ganó un proveedor, sino si fue sancionado, cuántos incumplimientos de contrato tuvo, multas y otros datos que sirvan para precisar si calza con los estándares esperados para la entrega de obras”, sostuvo.
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Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Especializado en áreas como inversión pública, construcción, saneamiento y economías ilegales.
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