El esquema de inversión público privada denominado Obras por Impuestos (OxI) empezó a aplicarse en el país el 2009, y si bien alcanzó su pico de inversiones en el 2016, con 49 proyectos por S/1,085 millones, luego decayó y hasta ahora no recupera esos niveles.
No obstante, ProInversión, encargado de promocionar ese mecanismo y de asesorar en su aplicación a los sectores del Gobierno nacional y gobiernos subnacionales y universidades públicas, indicó a Gestión que busca mejorar aspectos que están trabando un mayor uso de OxI.
¿Cómo funciona OxI?
Ese mecanismo permite a las autoridades poner a disposición del sector privado la ejecución de obras contra el pago del Impuesto a la Renta, de forma que el privado las ejecute y financie en forma inmediata, y cuyo gasto posteriormente será asumido por el Estado.
Esto último configura una ayuda por ejemplo a gobiernos regionales o municipales en casos en que, por ejemplo, no tengan presupuesto disponible para ejecutar grandes proyectos, y además permite que las obras se ejecuten de forma más rápida que si se realizara a través de los mecanismos usuales de una obra pública, con las demoras que esta conlleva.
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Además, la regulación de OxI permite que las autoridades puedan prorratear el pago por el costo del proyecto ejecutado con ese sistema, a lo largo de varios ejercicios presupuestales y con cero intereses, lo cual evita que se puedan desfinanciar y dejar de hacer obras.
En el caso de la empresa privada que ejecuta proyectos vía OxI, esta se hace responsable de la correcta ejecución de la obra y su financiamiento, y lo gastado lo recupera una vez que concluyen la obra y las autoridades y el MEF le dan su visto bueno, para lo cual se le entrega el Certificado Inversión Pública Regional y Local (CIPRL).
¿Qué ha estado trabando el avance de OxI?
Con ese certificado, pagan parte del impuesto debido a la Sunat y cancelan la diferencia. No obstante, en su momento el sector empresarial advirtió retrasos en la entrega de los CIPRL por parte de los entes públicos.
Al respecto, José Salardi, director ejecutivo de ProInversión, indicó a Gestión que, en vista de que la inversión pública está muy sujeta al cambio de autoridades y funcionarios, las empresas primero quieren conocer a las nuevas autoridades antes de optar por algún proyecto de OxI que planteen esos funcionarios.
Pero, reconoció también que es en la etapa en la que las entidades públicas deben dar su conformidad a las obras realizadas vía OxI, cuando se dan casos en que las autoridades no dan respuesta, lo que no permite que el MEF emita los referidos certificados.
Cambios en la regulación del esquema
Frente a ello, refirió que se ha modificado hace poco la norma que regula OxI de forma que se enfatiza la responsabilidad de los funcionarios por la demora en la emisión de su conformidad de obras ejecutadas bajo ese mecanismo al MEF.
Hay un segundo cambio -planteado a través de un proyecto de ley en debate en el Congreso- que busca que, en caso de que haya negativa de la entidad pública o no inicie el trámite (para reconocer la inversión), el MEF puede verificar que las empresas han presentado toda la documentación para OxI, anotó.
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Así, Salardi indicó que (si se aprobara dicha iniciativa legal) dicho ministerio directamente podría emitir los certificados CIPRL, y refirió que el MEF ha evaluado ese proyecto (y concuerda con el mismo).
“Además, hemos propuesto al MEF hacer una mesa ejecutiva donde el público y privado puedan sentarse a destrabar proyectos, o acelerar la adjudicación de proyectos”, aseveró.
Asimismo, refirió que hay un nuevo mecanismo que ProInversión quiere promover como es el poder identificar terrenos para que las autoridades subnacionales puedan plantear proyectos en activos del Estado, donde se puedan desarrollar actividades económicas.
De esa forma, indicó, se podrían construir desde terminales terrestres, hasta mercados, parques industriales, proyectos de vivienda social, entre otros.
Proyectos para este año
Para este año, ProInversión espera que los gobiernos subnacionales y entes públicos adjudiquen 19 proyectos en Obras por Impuestos por S/620 millones, de los cuales el 47% corresponden a iniciativas de saneamiento, el 43% a educación, el 3% a transporte, entre otros.
Esa cartera no incluye al proyecto del puente Santa Rosa (que conectará con el nuevo terminal de pasajeros del aeropuerto Jorge Chávez) que prevé realizar el MTC en este año, vía Obras por Impuestos, por S/475 millones (ver gráfico).