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Hasta hace poco, el Programa de Clemencia era una herramienta del Indecopi útil para desarticular cárteles en diversos sectores, lo que contribuía a reducir el número de consumidores víctimas de concertación de precios. Sin embargo, a mediados del año pasado el Congreso estableció que los colaboradores de dicho programa pueden ir a prisión por los mismos hechos que revelen, lo cual habría desalentado a los potenciales participantes.
Desde el 2012, el Indecopi ha recibido solicitudes de aspirantes a formar parte del Programa de Clemencia. Se trata de personas o empresas que renuncian a participar de un cártel y colaboran con las investigaciones del Indecopi sobre esta infracción, lo que permite identificar y sancionar al resto de integrantes. A cambio, el Indecopi reduce o exonera las multas que le hubiesen correspondido al denunciante.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la colusión es el arreglo entre competidores para acordar precios, hacer ofertas amañadas o dividir los mercados, lo que impide la libre competencia y perjudica a los consumidores.
En el 2014, se registraron cuatro solicitudes de acogimiento al Programa de Clemencia, en el 2015 dos, en el 2016 cinco, en el 2017 cinco, en el 2018 cuatro, en el 2019 dos y otras dos en el 2020. En el año en curso aún no se ha presentado ninguna. Jesús Espinoza Lozada, secretario técnico de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi, consideró que la ausencia de nuevas denuncias puede guardar relación con los cambios en las normas penales.
A mediados del año pasado, el Congreso aprobó por insistencia un cambio al Código Penal, que sanciona con pena de cárcel de entre dos a seis años a quienes participen de prácticas anticompetitivas. Antes de ello, quienes colaboraban con la autoridad para desarticular un cártel se libraban total o parcialmente de una multa y no corrían el riesgo de ir a prisión.
“La ley que criminaliza las conductas anticompetitivas establece que quien se acoge a la colaboración en sede administrativa, no obtiene beneficios en la sede penal. En todos los países donde hay régimen dual, se prevé la extensión de beneficios para ambos campos. Eso puede estar afectando hoy en día el Programa de Clemencia y los perjudicados son los consumidores”, dijo Espinoza a gestion.pe.
Si bien no todas las solicitudes para acogerse a este programa necesariamente involucran casos de concertación, pues algunas eran desestimadas, este mecanismo sí condujo a investigaciones exitosas que pusieron fin a cárteles en diversos sectores económicos. Mediante este programa, por ejemplo, un tribunal del Indecopi confirmó recientemente la responsabilidad de tres líneas navieras por haberse repartido, de manera concertada, el mercado del transporte marítimo internacional de vehículos entre los años 2001 y 2012.
Jesús Espinoza resaltó que aunque en el 2020 se presentaron dos solicitudes, ninguna corresponde a conductas que se hayan registrado luego de la vigencia de la ley. Es decir, ninguna empresa o empleado de ella ha decidido aún revelar hechos de colusión que podrían conducirlo a un proceso penal. “Se ha sentenciado con pena de muerte al programa de clemencia”, agregó.
