El presupuesto público para el 2025 está a puertas de ser oficializado luego de que el Congreso de la República aprobara la autógrafa de ley respectiva. Sin embargo, aún falta que el Gobierno de Dina Boluarte la promulgue mediante su publicación en El Peruano. En medio de esta espera, el Instituto Pulso Fiscal realizó una comparación entre las partidas por tipo de gasto de la autógrafa con el proyecto de ley original. El resultado es que se advierte un precedente negativo para las cuentas fiscales.
Sin alterar el presupuesto total, que ascendería a S/251,801 millones, el Congreso de la República redujo, luego de los debates respectivos, en S/1,814 millones el dinero destinado a las inversiones del Estado. Esto es lo dirigido para realizar obras públicas.
En el otro extremo, incrementó en S/1,455 millones los recursos para las remuneraciones estatales. Al sumar el resto de partidas vinculadas al gasto corriente [ver gráfico], este último sufrió una variación al alza en S/1,814 millones.
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Los cambios y sus riesgos
Según explicó Adrián Rodas, CEO del Instituto Pulso Fiscal, los principales recortes en el frente de las inversiones están vinculadas al sector educación, sobre todo para financiar proyectos de gobiernos subnacionales. En el lado contrario, el impulso en las remuneraciones responde a exigencias de los sectores Defensa y del Interior.
De esta manera, el Congreso de la República optó por priorizar exigencias salariales, incluso del mismo Ejecutivo, en demérito del cierre de brechas en infraestructura, indicó el experto.
Sin embargo, advirtió también que este impulso al gasto corriente podría ser aún mayor, aunque no superarían los S/10,000 millones en incrementos salariales registrados este mismo año. De momento, el crecimiento para el 2025 en las remuneraciones estatales superará los S/4,000 millones.
“Hay incrementos también en los trabajadores administrativos del Estado, nombramientos en salud, el pase de algunas entidades al Servicio Civil, entre otras bonificaciones extraordinarias. Eso no está cuantificado aún y falta conocer su impacto final a falta de una nueva escala remunerativa”, señaló Rodas.
Para Carlos Oliva, exministro de Economía y expresidente del Consejo Fiscal, resulta preocupante la “opacidad” con la que se ha manejado el debate y aprobación del presupuesto público 2025.
“Sería la primera vez que se apruebe un presupuesto que no está balanceado. Se quieren aumentar sueldos, pero ¿de dónde va a salir la plata?. Por más que se haya retirado dinero para inversiones, hay que ver si cuadran las cifras. Faltan cálculos”, lamentó.
Oliva agregó que aumentar remuneraciones también generará una fuerte presión deficitaria, ya que se trata de un presupuesto rígido. Esto quiere decir que no se puede “corregir” fácilmente al año siguiente porque implicaría reducir plazas, convocatorias o los sueldos ya aprobados.
“Más allá de que se haya aumentado el gasto corriente, ello al final es irrelevante si tenemos un techo presupuestal general no equilibrado. A partir de eso, con más razón incumpliremos la regla fiscal”, recalcó el extitular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Rodas remarcó también que lo preocupante de estas modificaciones no son los tipos de partida dentro de las remuneraciones, sino el hecho de que se aprueben de forma conjunta. “Siempre tiene que haber una gradualidad en la política fiscal para no generar problemas en las finanzas públicas. Las demandas por mayores salarios las aprueba el Congreso, pero también presionan desde el Ejecutivo, como en Defensa y del Interior”, refirió.
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Explicación pendiente
Oliva consideró que el MEF, junto a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), le deben una explicación al país respecto a lo que sería la composición final del presupuesto para el 2025.
“Solo ellos saben lo que pasó en las últimas horas previas a la votación. Si hay una razón que deje tranquilos a todos, que justifique el equilibrio presupuestal bien. Y si no la hay, igual tienen que darla. Es una de las leyes más importantes, junto a la de equilibrio fiscal y endeudamiento”, aseguró.
Sin embargo, remarcó que el Gobierno está demorando en oficializar la ley presupuestaria del próximo año, lo que le genera dudas sobre si hay una explicación de fondo para la recomposición entre la autógrafa y el proyecto original.
“Normalmente, luego de que se aprueba la ley de presupuesto, se publica a los dos días siguientes. Yo sospecho que tienen algún problema para justificar su equilibrio porque han puesto partidas que generan poco gasto, pero sin financiamiento”, estimó.
Otro frente pendiente por justificar, o en todo caso completar, son las disposiciones que buscan contrarrestar el impacto de la creación de más rigidez en el presupuesto, que están dentro de la autógrafa ya validada por el Congreso.
Al respecto, Rodas explicó que aquí destacan las limitaciones a los “gastos no críticos” del Estado, una medida que ya el MEF había impulsado este año con el Decreto de Urgencia (DU) 006-2024. Sin embargo, no publicaron los “topes” necesarios para medir su impacto.
“Lo agregaron en la autógrafa y es positivo porque restringe el gasto. Sin embargo, el problema es que el MEF, al igual que con el DU, no ha dicho cuánto es el límite por pliego. Entonces, no hay una adecuada transparencia para evaluar su efecto”, sostuvo.
Para Oliva, los ajustes a los “gastos no críticos” como telefonía, viajes nacionales o internacionales y otros, no podrán hacer frente a los aumentos remunerativos. “Parece una especie de parche. Veo bien difícil incluso pensar luego en ajustes por el lado de sueldos. Al cambiar una escala, estás creando gastos futuros”, explicó.
Al cierre de esta edición, la autógrafa del proyecto de presupuesto pública para el siguiente año continuaba sin ser oficializada. Conforme a ley, el Ejecutivo tiene plazo hasta el viernes 27 de diciembre para promulgarla.
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Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Especializado en áreas como inversión pública, construcción, saneamiento y economías ilegales.
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