Desde el último 28 de julio, el Perú cuenta con una Política Nacional de Transformación Digital (PNTD), un documento que fija los lineamientos que debe seguir el Estado para fomentar la digitalización de sus servicios a todo nivel hasta el año 2030.
Este documento, elaborado por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), es clave también en el proceso de adhesión de nuestro país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Dos estudios previos de la OCDE sobre gobernanza digital remarcaban la necesidad de que Perú contara con directrices comunes para todas las instituciones estatales. Ahora, señalan especialistas a Gestión, el reto es acortar las diferencias digitales entre los tres niveles de gobierno.
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Brújula
La PNTD nace como producto de una exigencia que la OCDE remarcó a Perú en 2019. Ese año, el organismo publicó un segundo estudio sobre los avances en gobierno digital de nuestro país. El primero había sido tres años atrás.
En total, fueron 16 recomendaciones divididas en gobernanza, talento institucional y capacidades; y sector público basado en datos. La principal recomendación era desarrollar una estrategia nacional de digitalización.
“En ese entonces hacia falta articulación. En los últimos gobiernos se avanzó, pero en diversas direcciones. Con la política, hay una hoja de ruta para la adhesión la OCDE, que considera varios aspectos digitales de los estados como inclusión financiera”, sostiene Freddy Linares, profesor de la Universidad del Pacífico.
La PNTD tiene como punto central a la ciudadanía digital. De acuerdo con el documento, para ser considerado como tal, un peruano debe cumplir ocho capacidades que van desde navegar por Internet, comunicarse en redes sociales, comprar y vender productos o servicios; y operar en banca y otros servicios financieros.
La misión de la política es que los peruanos mayores de 6 años ejerzan, como mínimo, cuatro de las capacidades establecidas para la ciudadanía digital al 2030.
Precisamente, desarrollar un marco de competencias digitales también formaba parte de las recomendaciones que la OCDE dio a Perú en 2019, aunque centrado en “líderes de gobierno digital”, cargos públicos que deberían existir en cada institución estatal.
Al respecto, Hobber Siccha, director de la Maestría de Gerencia de Tecnología de Información en Centrum PUCP, cree que la definición de capacidades básicas será clave para que el Estado dirija bien sus esfuerzos.
“Ayudará a priorizar segmentos de atención inmediata y a ser eficientes con el uso de recursos financieros, humanos y tecnológicos para evaluar mejor con indicadores y proponer ajustes. Todo ello además de seguir digitalizando servicios para darle una mejor experiencia al ciudadano”, explica a Gestión.
Si bien la política responde directamente a los pedidos de la OCDE, Linares recalca que el último diagnóstico del organismo sobre Perú fue antes de la llegada del coronavirus.
“En la pandemia fueron más notorios los espacios aislados. No tenemos la parte cruda sobre la ejecución de herramientas digitales, muchas personas que iban a oficinas presenciales perdieron acceso”, resalta.
A pesar de ello, Siccha cree que una posterior evaluación de la OCDE a Perú tras la pandemia resaltaría avances porque evidenció las falencias del sistema, como las caídas de los sistemas de Reniec y Migraciones. “Ojalá algunas prácticas pandémicas se mantengan, por ejemplo, el relacionamiento con las mesas de partes públicas”, destaca.
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El reto municipal
Si bien con la PNTD Perú cumple con la OCDE, no lo hace por completo. Aún falta solucionar carencias que el mismo organismo resaltó desde el 2016, cuando publicaron su primera evaluación. El gran reto es avanzar con la digitalización de los gobiernos locales.
Hasta julio, 15,259 servicios estatales estaban en gob.pe, el portal que los centraliza, según datos de la PCM. Sin embargo, mientras el 100% de ministerios ha migrado hacia dicho portal, solo el 24% de gobiernos locales lo ha hecho y el 30% dispone de una mesa de partes digital.
Además, su avance en gobernanza digital es muy pobre: solo 14% de los municipios tiene un plan de gobierno digital, 15% cuenta con un funcionario responsable de software y 27% tiene a un líder de gobierno y transformación digital.
Sobre ello, Siccha recuerda que la baja conectividad encaja dentro de lo que la OCDE entiende como brecha digital. “Son las distancias entre individuos para acceder a nuevas tecnologías de la información. Las municipalidades tienen poco presupuesto y talento digital para mejorar. Sin infraestructura también es complicado, incluso en la misma costa. Solos no montarán una red de fibra óptica”, considera.
La misma PNTD explica que alcanzar su objetivo al 2030 solo será posible por el impulso de la red dorsal. Sin embargo, para Linares, llegar a la meta no pasa solo por contar con el servicio.
“Por un lado está la expansión del acceso a Internet y otro punto importante es enseñar a usar los espacios digitales con herramientas básicas, intermedias y avanzadas. Estas últimas son hacer transacciones financieras o vender bienes y servicios. Eso debería precisarse en la política”, explica.
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Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Experiencia en cobertura política, social y económica peruana.
