(Foto: GEC)
(Foto: GEC)

Un grupo de usuarios residenciales, representados por el abogado Julio Arbizu, presentó dos acciones legales para cambiar el sistema de fijación de tarifas eléctricas en el país.

Arbizu explicó que actualmente los siete millones de usuarios residenciales regulados se ven perjudicados pueden deben pagar una mayor tarifa al tener que subsidiar indirectamente el menor precio que pagan las 1,800 grandes empresas que son usuarios libres.

“Los usuarios libres compran a un precio más barato pues resulta de la declaración de costos de las generadores, pero nadie fiscaliza si esos costos son ciertos. Y luego, para alcanzar el precio real, los usuarios finales regulados pagan un subsidio indirecto a las grandes empresas”, criticó Arbizu en radio Exitosa.

Agregó que ello les permite ahorrar a los usuarios libres alrededor de US$ 100 millones anuales.

Estimó que para un hogar de bajo consumo, el impacto podría ser de alrededor de S/ 5 al mes. “Para algunos no será mucho, pero sí es importante para las personas de menores ingresos”, sostuvo.

Arbizu indicó que han presentado una denuncia ante Indecopi por competencia desleal. No obstante, refirió que ya el Indecopi en primera instancia ha declarado improcedente este pedido.

“Nos dicen que no tienen competencia, que vayamos al Osinergmin o al COES. Pero nosotros hemos elevado la demanda a la segunda instancia del Indecopi”, refirió.

La segunda acción legal es una denuncia ante el Ministerio Público por el presunto delito contra la fe pública, contra las empresas generadoras eléctricas, referido a sus costos que declaran y que sirve para fijar tarifas. “Buscamos que esos costos sean realmente auditados”, anotó.

Agregó que otra salida sería la intervención del Ministerio de Energía y Minas, “pero no vemos voluntad política de solucionar algo tan fácil”, apuntó.