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Petroperú no quedó fuera del proyecto de la Ley de Endeudamiento para el 2025. En su artículo N° 18, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) propone la ampliación de plazos en dos decretos de urgencia hasta el 31 de diciembre del 2028. ¿En qué se beneficiaría la petrolera estatal?
En el proyecto de endeudamiento público, se reconoce que Petroperú viene afrontando una difícil situación de liquidez en niveles que no le permiten cumplir con las obligaciones corrientes y que comprometen su sostenibilidad y, por ende, “el abastecimiento de combustibles en el país, especialmente en las zonas de posición de dominio, en las cuales Petroperú es el principal abastecedor de derivados del petróleo”.
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“La situación mencionada se originó debido a decisiones no técnicas tomadas entre octubre de 2021 y marzo de 2022, lo que resultó en varios problemas, tales como: retrasos en la puesta en servicio de la nueva Refinería Talara, que impidieron a la empresa alcanzar los márgenes de refinación esperados; debilidad en su gobernanza; rebajas en la calificación de riesgos, con la consecuente pérdida de grado de inversión; resultados negativos en el negocio de transporte a través del Oleoducto Nor Peruano; y altos costos operativos y financieros, entre otros”, detalla el texto.
Aquí es donde aparecen los dos decretos. Dada la situación antes descrita, el Estado aprobó varias medidas de apoyo financiero y económico a favor de Petroperú, entre ellas los Decretos de Urgencia N° 010-2022 y N° 023-2022.
Las medidas. Además de los Decretos de Urgencia N° 010-2022 y N° 023-2022, se aprobó la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31640, y el Decreto de Urgencia N° 004-2024. “Ello con la finalidad de garantizar la continuidad del abastecimiento de combustibles, el desarrollo de actividades económicas a nivel nacional y buscar mejorar la gobernanza de la empresa”, se explica en la iniciativa del Poder Ejecutivo. Mediante el Decreto de Urgencia N° 006-2024 se incluyó también a Petroperú dentro del alcance de ciertas medidas de austeridad, responsabilidad y limitación en el uso de los recursos públicos.
El pedido
Justamente, en este contexto, mediante el Informe N° GCPG-0658-2024 del MINEM, se presentó una solicitud para un nuevo proyecto normativo con el fin de aprobar medidas de apoyo financiero para Petroperú, “que incluyen la ampliación del plazo de reembolso de documentos cancelatorios y la capitalización de apoyo financiero y préstamos del BN, entre otros”.
“Se detalla la crítica situación financiera que enfrenta Petroperú, caracterizada por problemas de liquidez, fallos operativos en sus unidades de refinación y continuas rebajas en su calificación crediticia. Estos factores han debilitado su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras y operativas”, se menciona en el proyecto de la ley de endeudamiento.
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De hecho, se recuerda que la empresa ha dependido de medidas de apoyo financiero del Gobierno, pero, “han sido insuficientes para revertir su deterioro”. “Como resultado, Petroperú requiere urgentemente apoyo financiero para evitar el desabastecimiento de combustibles en el país y asegurar su continuidad operativa”, se apunta.
Es así que se proponen dos disposiciones que amplían hasta el 31 de julio de 2028 el plazo, tanto de la Operación de Endeudamiento de Corto Plazo bajo la modalidad de otorgamiento de Garantía del Gobierno Nacional a la línea de crédito de comercio exterior con el BN, por un monto de hasta US$ 1,000 millones, como del plazo para el reembolso de los Documentos Cancelatorios - Tesoro Público (en el DU se estableció en ese momento que el saldo insoluto no podrá exceder el importe de S/ 500 millones).
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La preocupación
Fuentes allegadas a la petrolera estatal mostraron su preocupación a Gestión por esta situación. No por la decisión de ampliar los plazos, sino porque esta “ayuda” a Petroperú podría llegar en un contexto donde el directorio técnico actual podría dar un paso atrás en medio de un Gobierno que no da respuesta al pedido de medidas para la reestructuración. “Las ayudas tienen que ir de la mano de la gestión privada pedida por el directorio”, incluso remarcó una voz consultada en el Gobierno.
Este diario consultó al MEF sobre esta situación, pero no obtuvo respuesta más allá de lo que está en el mismo proyecto.
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