A inicios del año, la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) presentó una demanda de acción popular contra el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), el Ministerio de Ambiente (Minam), y el Procurador Público, con el fin de que se permita la pesca industrial en zonas protegidas, como la Reserva Nacional de Paracas.
El gremio solicitó a la Corte Superior de Justicia de Lima (Expediente N° 00146-2024-0-1801-SP-DC-02) la nulidad de lo establecido en el artículo 6.2 de la Directiva N° 006-2021-SERNANP-DGANP, aprobado en septiembre del 2021, con el cual se prohíbe la extracción de mayor escala de recursos hidrobiológicos dentro de las Áreas Naturales Protegidas, permitiendo solo la pesca artesanal en estas zonas.
En el 2023, la SNP envió una carta al Sernanp pidiendo la eliminación de las restricciones a la pesca industrial en la Reserva Nacional de Paracas, solicitud que fue rechazada por la condición de área protegida de la zona. Tras ello, procedieron a presentar la demanda.
El presidente de la SNP, Eduardo Ferreyros, aseguró a Gestión que lo que se está solicitando no es nuevo, pues afirma que la industria pesquera ya puede operar en la zona. De acuerdo con el ejecutivo, lo que en realidad está prohibido es la pesca industrial de anchoveta y que se está pidiendo que se respete el derecho de poder ejercer la actividad a partir de la milla 5.
“La limitación impuesta a la pesca industrial no tiene sustento y se ha establecido vulnerando las competencias del sector producción, ya que carece de la opinión del Imarpe (Instituto del Mar del Perú) y de Produce (Ministerio de la Producción), que son las instituciones competentes para determinar qué y quienes pueden pescar en nuestro litoral. Lo que la SNP ha solicitado formalmente a Sernanp es que se respete el ordenamiento legal, como venía ocurriendo, siempre respetando la franja de protección de las 5 millas para la flota industrial”, dijo a Gestión.
Ferreyros indica que se guían de lo establecido en los estudios científicos e informes del IMARPE que evidenciarían una compatibilidad entre la pesca industrial de anchoveta a partir de la milla 5, las reservas marinas y el ecosistema en general. Además, asegura que la reserva ha convivido con la pesca industrial desde antes de su creación en 1975 “sin ningún cuestionamiento, impacto negativo, ni prohibición”.
“Es conocido por todos, incluso por el Sernanp, que dentro de las 5 millas y en la zona de la reserva, se practica la pesca ilegal con explosivos, actividad condenable que no tiene control alguno por parte de las autoridades”, comentó.
La respuesta
El jefe del Sernanp, José Nieto Navarrete, confirmó a Gestión que ya se contestó la demanda, por lo que el proceso judicial sigue en trámite.
El principal argumento contra el pedido de la SNP es lo establecido en la Constitución Política, en su artículo 68, donde se indica que el Estado tiene la obligación de promover la conservación de la diversidad biológica y de las Áreas Naturales Protegidas, y que conforme al numeral 112.5, “está prohibida la extracción de mayor escala, ya sea marina o continental dentro de las Áreas Naturales Protegidas, cualquiera sea su nivel”.
“El desarrollo de la pesca industrial no podría realizarse al interior de la Reserva Nacional de Paracas, debido que dicha actividad generaría una disminución en la disponibilidad de alimento para las aves y mamíferos, perjudicando sus procesos reproductivos y recuperación de sus niveles poblacionales. Perjudicaría al mantenimiento de los ciclos biológicos que garantizan la conservación de las especies y, además, se contrapone a los objetivos y fines para los cuales esta fue creada”, agregó.
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¿Qué impacto tendría la solicitud?
Para el director de Pesquerías de Oceana, Juan Carlos Sueiro, los argumentos enviados por la SNP al Sernanp en su carta inicial, previa a la demanda, no muestran suficiente justificación.
“La SNP considera que entre los años 1970 y 1974, que son los años previos a que se creara la reserva, se había realizado pesca industrial en esa zona, pero no es muy claro cuál es la base para ese dato. No hay forma de determinar cuánto y cómo se pescó en esos años”, señaló.
Suiero afirma que no sería conveniente que se apruebe la demanda debido a la importancia de conservación de los recursos naturales y para evitar una situación de conflictividad con los pescadores artesanales, que sí tienen permitidas sus actividades al ser de menor escala.
Advierte que, teniendo en cuenta que se pide eliminar la prohibición en todas las reservas naturales, no solo se podría ver un impacto en la Reserva Nacional de Paracas, sino también en algunas islas del Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras.
El director de Sernanp coincide en ello, pues señala que la solicitud puede poner en riesgo a las islas Ballestas, islas Cavinza e islotes Palomino, Punta Salinas, entre otras. Esto no solo implicaría una afectación al ecosistema, sino también el turismo de la zona.
“Anualmente, entre la Reserva Nacional de Paracas y el sector Islas Ballestas de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras se reciben un promedio de más de 1 millón de visitas entre nacionales y extranjeros, lo que significa también una empleabilidad laboral para más del 80% de la población aledaña”, sostuvo.
Por otro lado, el director de Pesquerías de Oceana considera que, si finalmente se falla a favor de la SNP y ser permite la pesca en las zonas protegidas, se deberían establecer limitaciones.
“Si se aprueba (la demanda) tendría que ser haciendo válido el tema de los derechos adquiridos, únicamente para las embarcaciones que sus permisos de pesca provengan de antes de 1975, porque si es después no hay ningún derecho adquirido, pero la flota se ha renovado casi totalmente”, señaló.
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¿Cuándo se tendrá una respuesta?
De acuerdo con la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, está programada una vista de causa de la demanda para el 23 de mayo. ¿A favor de quién podrían fallar? El abogado especialista en derecho ambiental, Cesar Ipenza, sostiene que se deberá tener en cuenta el marco jurídico y el sistema de áreas protegidas.
Como se recuerda, existe una Ley de Áreas Naturales Protegidas, cuyo reglamento fue aprobado en el 2001, documento que establece que no se puede realizar la extracción de mayor escala, ya sea marina o continental, dentro de las zonas protegidas.
Aunque el marco legal que existe sobre áreas protegidas respeta los derechos que se hayan adquirido antes de que se estableciera una reserva, Ipenza precisa que “cuando se crea la Reserva de Paracas no ha habido ningún derecho de pesca industrial previo”.
Además, el experto recuerda que el sistema de áreas protegidas data de la década de 1960 y fueron desarrollados en el marco de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), del cual el Estado peruano es parte, por lo que “desde la experiencia internacional se dice que la pesca industrial no es compatible con la existencia de las áreas protegidas”.
Ipenza resalta que la obligación de Estado de conservar la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas, establecido en la Constitución, no es solo un deber del Minam, sino también del Poder Judicial.
“La Sala Constitucional del Poder Judicial tiene que respaldar medidas de respeto a las áreas protegidas como manda la Constitución y, evitar cualquier afectación al patrimonio de todos los peruanos”, refirió.
El especialista en derecho ambiental precisa que si esto continúa debería llevarse el caso al Tribunal Constitucional (TC), que en el pasado ya ha fallado a favor del respeto a las áreas protegidas, aunque en temas relacionados a hidrocarburos.
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Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres, con experiencia en radio, tv y web. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.
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