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Los tres niveles de gobierno ejecutaron alrededor de S/ 39,000 millones en proyectos en 2021. Sin embargo, se dejaron de ejecutar recursos por cerca de S/ 16,000 millones (2.3% del PBI de 2020). Esto se debe, entre otros factores, a los cuellos de botella generados en la etapa de adjudicación de proyectos, especialmente en los gobiernos subnacionales.
Al respecto, el Índice Regional de Gestión Pública (IRGP) cuantifica los retrasos entre la convocatoria y la buena pro en las inversiones regionales y locales. Durante 2021, se analizaron 844 proyectos de un total de 994 convocados por una muestra de unidades ejecutoras de los gobiernos subnacionales (ratio de adjudicación fue de 85%).
Los resultados muestran que los retrasos en los proyectos ascendieron al 102% del plazo programado para los gobiernos locales, y al 82% para los regionales. Pero los promedios siempre esconden cifras incluso menos alentadoras: en detalle, otorgar buena pro de proyectos tardó hasta 77 meses más -o cinco veces- el plazo inicial en regiones y municipalidades.
Gobiernos regionales
En cuanto al indicador de retrasos para los gobiernos regionales, el año pasado los proyectos de 23 regiones cumplieron con las condiciones de análisis, tardando en promedio 19 días (82% más) en otorgar la buena pro en relación a lo programado.
Al 31 de diciembre de 2021, Apurímac presentó el mayor retraso (566%) en tres proyectos analizados. A esta le siguen Huánuco (225%) y San Martín (181%) . En contraste, los resultados muestran que Puno es la región con el menor retraso (4%) de los proyectos analizados.
Gobiernos locales
Sobre los gobiernos locales, hay mucha variabilidad en los tiempos de adjudicación, tardando en promedio 20 días (102% más) en otorgar la buena pro en relación a lo programado.
Al 31 de diciembre del año pasado, la municipalidades de Moquegua presentaron el mayor retraso (361%) en cuatro proyectos analizados. A esta le siguen Tumbes (249%) y Huancavelica (241%) . Por otro lado, las municipalidades con mejor desempeño fueron las de Ucayali, ya que presentaron (4%) un día de retraso .
El riesgo
Para Daniela Leguía, economista del Consejo Privado de Competitividad (CPC), existe un alto riesgo de ralentización de la inversión, que se reflejaría en 2023, ante la entrada de nuevas autoridades regionales y locales en el país.
“El IRGP de 2019 mostró un menor desempeño en la capacidad de contrataciones en el primer año de gestión de las nuevas autoridades regionales y locales, reflejados en los mayores retrasos en la adjudicación de inversiones. Esto sucedió en 12 gobiernos regionales y en los principales gobiernos locales de 18 regiones, alcanzando un retraso promedio del 138% respecto de lo programado”, recordó.
Consideraciones
Las condiciones de análisis del IRGP son: se incluyen todos los proyectos adjudicados durante 2021 y en el caso de los proyectos no adjudicados durante el periodo, las demoras se estiman al 31 de diciembre de 2021 siempre y cuando la fecha de buena pro prevista se encuentre dentro del 2021; en caso contrario, no se consideran en el análisis.
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Fomentar el uso de proceso especial de contratación
El CPC considera que es necesario implementar medidas concretas que permitan solucionar estos cuellos de botella. Así, plantea fomentar el uso del proceso especial de contratación de la Reconstrucción Con Cambios para los proyectos de gobiernos subnacionales, cuyo financiamiento provenga de cualquier fuente, ya que, según un análisis del CPC, reduce tiempos de adjudicación de proyectos hasta en un 57.4% (de 54 a 23 días) con respecto a la modalidad de licitación pública.
Además, recomienda habilitar a una entidad como la Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios para la ejecución de proyectos de impacto regional con recursos no utilizados del canon y regalías.
La muestra de su mejor capacidad de ejecución de proyectos se sigue observando este año dado que durante enero esta entidad ha representado más de la tercera parte de la ejecución del Gobierno Nacional.
Daniela Leguía: Es necesario medir demoras para tomar medidas concretas
Economista del CPC
Es necesario medir las demoras en las adjudicaciones de proyectos –que se configuran como uno de los principales cuellos de botella– para tomar medidas concretas que permitan reducirlas, ejecutar proyectos a tiempo y evitar futuros descalces en el presupuesto.
Al respecto, una herramienta que permitiría mejorar dicha situación consiste en fomentar el uso del proceso especial de contratación (PEC) de la Reconstrucción Con Cambios (RCC), que cuenta con una etapa previa de expresión de interés, en donde las empresas interesadas realizan consultas técnicas al expediente técnico (ET) como única instancia.
Esto permitiría reducir las demoras observadas en la fase de formulación y absolución de consultas al ET en el proceso de selección, y sería un importante impulso a la inversión pública, en un contexto de continuas crisis políticas y elecciones regionales y locales (hacia fines del 2022).
