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El Poder Ejecutivo otorgará hasta S/ 2,000 millones en créditos de entidades del sistema financiero y las cooperativas de ahorro y crédito a las micro y pequeñas empresas (Mype) de todos los sectores productivos con el fin de que accedan al financiamiento que les permita reactivarse, en virtud a un proyecto aprobado hoy por el Consejo de Ministros.
La iniciativa, que crea el Programa Impulso Empresarial MYPE “Impulso MYPERU”, otorgará garantías focalizadas para créditos orientados a capital de trabajo, adquisición de activo fijo y consolidación de deuda de las micro y pequeñas empresas. Asimismo, incluye un bono de buen pagador que permitiría reducir las tasas de interés entre 5 a 7 puntos porcentuales.
Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, se espera el programa beneficie a nivel nacional a unas 140,000 mypes.
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Asimismo, podrán acceder a este esquema de garantías aquellas micro y pequeñas empresas que no cuenten con historial ni calificación crediticia, previa evaluación de las entidades del sistema financiero o cooperativas de ahorro y crédito.
Este programa, que forma parte del conjunto de medidas del Plan Impuso Perú para la reactivación de la economía, considera también mayores recursos al Fondo MIPYME Emprendedor, a través de fondos concursables no rembolsables para la promoción de clústeres, CITEs, capital semilla, entre otros.
Inversiones priorizadas
El segundo proyecto de Ley aprobado, también en el marco del Plan Impulso Perú, establece medidas extraordinarias para la promoción e implementación de los proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad (PNISC).
En ese sentido, amplía hasta el 31 de diciembre del 2025 los alcances del Decreto de Urgencia N° 018-2019, mediante el cual se aprobó dicho Plan y que tenía una vigencia de tres años desde su publicación, es decir hasta el 29 de noviembre del 2022.
El año 2019 el PNISC priorizó una cartera de 52 proyectos por un monto total de S/ 116,979 millones con una visión sectorial y territorial. Entre estos se encuentran puertos, aeropuertos, metros, carreteras, bandas anchas, líneas de transmisión, centrales hidroeléctricas, sistemas de agua y saneamiento, tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos.
Las medidas propuestas en el proyecto de ley se aplican a las entidades públicas del Gobierno Nacional titulares de los proyectos priorizados en el PNISC, aprobado para el período 2022-2025; así como a los gobiernos regionales y locales en los términos establecidos en la presente norma, reconociendo el ejercicio irrestricto de sus competencias.
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