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La Contraloría General de la República del Perú presentó recientemente el Índice de Riesgos en la Inversión Pública (IRI), una herramienta que permite seguir el estado de los proyectos activos en todas las entidades públicas del país. Gestión revisó el detalle de las seis municipalidades que tienen mayores recursos para invertir en proyectos este 2024. Los resultados demuestran que las carencias de la gestión pública no se solucionan solamente con presupuesto.
Este grupo de municipios está compuesto por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), los distritos de San Marcos (Áncash), Megantoni (Cusco), la provincia de Santa - Chimbote (Áncash), así como los distritos Pichari (Cusco) y Marcona (Ica). Juntos, poseen más de S/ 2,446 millones habilitados para inversiones este año, más del 10% de todo el presupuesto para gobiernos locales (S/ 20,973.6 millones).
Sin embargo, no son buenos ejecutores, de acuerdo con el IRI. Según esta base de datos de la Contraloría, entre todas tienen 699 proyectos de “alto riesgo”, a partir de 24 indicadores. Así lo explica Jeniffer Pérez, Gerente de Análisis de Información para el Control de la Contraloría.
“Son aquellas obras que tienen menos probabilidad de culminarse. Incluso más allá de su tiempo planificado. Muchos indicadores miden retraso como mala programación presupuestal y avance financiero”, explica a Gestión.
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Rasgos
Dejando un momento a la MML, Pérez indica que, a pesar de la alta cantidad de riesgos identificados (ver tabla), hay elementos comunes en el manejo de las finanzas públicas para inversión de los distritos “más ricos” en regiones.
Uno de ellos es el subcosteo. “Son obras que se crean, por ejemplo, un puente, y en el camino le reducen componentes para completarlo. Se puede concluir, pero no en base a lo prometido ni lo que indica el perfil. No termina de cerrar la brecha originalmente contemplada”, sostiene la vocera de la Contraloría.
En esta situación se encuentran las tres obras de más riesgo en San Marcos, de acuerdo con el IRI: los mejoramientos del servicio peatonal interurbano en el Centro Poblado de Huaripampa, del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal del Caserío de Lucma y de la losa deportiva en el Centro Poblado de Gaucho.
Ocurre lo mismo en Pichari, Marcona y Santa- Chimbote. Este último tiene la obra con más alto riesgo de no culminarse: el proyecto de Mejoramiento del sistema de drenaje urbano en avenidas como Aviación y Industrial. Esta obra fue declarada viable en 2020, lleva 39 meses sin ejecutar un sol y aún no tiene expediente técnico.
Para Milton Von Hesse, director de Videnza Consultores, los subcosteos son graves porque podrían acarrear consecuencias legales. “Los instrumentos de gestión son declaraciones juradas. Si dicen que harán un colegio con 50 aulas, el funcionario promete en base a la brecha dimensionada en su localidad. Si luego hace 20, mintió y también podría generar responsabilidad penal”, asegura.
El otro rasgo común, según la Contraloría, es que varios de estos municipios son favorecidos con el canon minero, pero eso no se traduce en obras finalizadas. “Tienen menor tasa de ejecución anual. Si no destinan canon, se queda como saldo de balance. No tienen incentivos para ejecutar porque no retornan al fisco”, apunta Pérez.
Von Hesse agrega que está demostrado que más dinero tampoco reduce la pobreza, ya que se priorizan proyectos que no corresponden a los servicios mínimos de atención. Aparte, acumulan obras agigantando sus carteras, motivados por el canon.
San Marcos, por ejemplo, registra 1,037 proyectos viables en el IRI, bastante cerca de lo que registra la MML en la herramienta (1,344) a pesar de tener jurisdicciones abismalmente distintas. Aparte tienen casi la misma cantidad de obras “de alto riesgo”: 274 (MML) y 234 (San Marcos).
“Funcionarios de gobiernos regionales se enteraron recién, a partir del IRI, de proyectos que tenían en sus dependencias. En algunos casos, entre gestiones, se pierde información en el archivo físico. Ahora les hemos dado acceso”, afirma Pérez de la Contraloría.
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MML: un caso aparte
La MML es el municipio con más Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para ejecutar obras en el país este año, superando a San Marcos en más en de S/ 210 millones (ver tabla). Sin embargo, también destaca por ser la comuna con el proyecto de mayor riesgo de no culminarse en este grupo.
Se trata del Mejoramiento del Servicio de Control de Enfermedades Zoonóticas de su Gerencia de Desarrollo Social, una obra que registra un puntaje de 83.8% en el IRI, con 8 de los 24 indicadores presentes en la herramienta.
Este proyecto fue declarado viable en febrero del 2021, pero no ha ejecutado un sol desde entonces. Su ejecución física estaba programada al año siguiente, 2022. El IRI resalta que, en sus tres años como obra activa, en ninguno ha contado con PIM.
Según Von Hesse, la MML se caracteriza por ser de las peores municipalidades en manejar sus finanzas. “No hay prioridades ni un norte. Su mala calidad de gestión de inversiones está vinculada al ímpetu de su alcalde (Rafael López Aliaga) que promete, pero no hace los trámites administrativos respectivos”, apunta el director de Videnza Consultores.
El investigador se refiere a que no hay pistas sobre cómo se harán los proyectos clave de la gestión de López Aliaga. Como indicó el funcionario a Gestión su obra “emblemática” serán 60 puentes elevados. “Si revisas el banco de inversiones, no hay perfiles. Nadie sabe cómo se harán”, agrega Von Hesse.
Otras obras con alto riesgo en la MML son dos en San Juan de Lurigancho. Los mejoramientos del servicio de protección de taludes en zonas de riesgo en calles como Túpac Amaru y del servicio deportivo en la Asociación Vivienda Los Rosales Basilio Auqui - Jicamarca.
Ambos proyectos se asemejan, pero por cuestiones negativas. Ambos fueron declarados viables entre 2020 y 2021, pero a la fecha tienen 0% de avance financiero. Además, no han recibido PIM en ningún año desde su aprobación.
Según Pérez, la MML ha tenido limitaciones para dar autorizaciones. “Del acompañamiento que hicimos, sobre todo en 2022, se advierten demoras en etapas administrativas. Pasa con otros gestores también: tardan en dar permisos para inicio de obra o liberar terrenos. Es el caso del Metro de Lima”, indica la vocera de Contraloría.
Sin embargo, Pérez destaca que hay señales de mejoras entre los municipios. “Hasta el cierre del 2023 habían 45 mil obras (viables) que no iniciaban inversión. Desde noviembre a la fecha se han reducido en 11 mil. Se están reactivando”, asegura.
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Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Especializado en áreas como inversión pública, construcción y saneamiento, y economías ilegales.
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