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El Congreso de la República del Perú continúo este último lunes su debate de la nueva Ley de Contrataciones del Estado en las comisiones de Economía y Descentralización. Para ello, invitaron a los titulares de los ministerios de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y Transportes y Comunicaciones (MTC). Los ministros, que encabezan los sectores que manejan gran parte de los recursos para inversión pública, presentaron sus observaciones al predictamen que hoy analiza el Legislativo.
Desde el MVCS, la ministra Hania Pérez de Cuellar puso su énfasis en aspectos como la pertinencia de los Procesos Administrativos Sancionadores (PAS). Por su lado, Raúl Pérez Reyes, titular del MTC, aseguró que la nueva ley debería incorporar rasgos atractivos del modelo Gobierno a Gobierno (G2G).
El presidente de la Comisión de Descentralización, Alejandro Cavero, adelantó que esperan tener un nuevo predictamen listo esta misma semana. El nuevo documento podría considerar las sugerencias ministeriales. Aparte, tomaría en cuenta pedidos de los propios congresistas, que, como contó Gestión, incluyen acotar las limitaciones para contratar con el Estado, entre otros puntos.
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Garantizar toma de decisiones
La ministra Pérez de Cuellar indicó a los congresistas que hay que “evitar la dictadura del recelo y la sospecha”, en referencia a que actualmente los funcionarios en su sector temen a la Contraloría por su capacidad para iniciar PAS en su contra.
“Criticamos el doble control. Las decisiones que tomamos se basan en informes técnicos y legales que, en muchos casos, ya están sometidos a control concurrente. Hay obras donde, por cuantía, no se les aplica, pero sí el control posterior. Pero donde hay control concurrente, también hay posterior. Eso genera que muchos funcionarios no tomen ciertas decisiones por miedo a lo que les va a suceder al momento del control posterior”, afirmó la titular del MVCS.
Por ello el MVCS propone que los PAS deberían tener dos fases. Una, dirigida por un panel independiente con opinión vinculante que evalúen las decisiones sin motivación sancionadora; y el PAS propiamente dicho.
“Hoy un funcionario toma un decisión y si se advierte una irregularidad, se va de frente al PAS. Sugerimos un paso previo”, acoto Pérez de Cuellar.
La ministra también recomendó al Congreso incluir como un impedimento para contratar con el Estado que la misma persona, sea natural o jurídica, esté a cargo de la elaboración de un expediente técnico y, luego, de la ejecución. “Hay un claro conflicto de interés”, apuntó.
Pérez de Cuellar también hizo énfasis de que la nueva ley tenga tres reglamentos diferenciados: uno para adquirir obras, otro para bienes y un tercero para servicios.
“Así se evitaría utilizar de manera sistemática los modelos estandarizados de contratos FIDIC y NEC (del G2G) en Perú, que terminan siendo una forma adicional de saltarse la Ley de Contrataciones”, remarcó.
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Evitar concursos desiertos
Por su lado, Raúl Pérez Reyes resaltó que la nueva Ley de Contrataciones debería incorporar aspectos del modelo G2G, que han resultado atractivos para la inversión, hacia la obra pública.
“Los ministerios deberíamos poder seleccionar una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO). La idea es que no solo nos ayuden a elegir un contratista y supervisor, sino a quien haga la operación y mantenimiento”, refirió.
De igual manera, el titular del MTC apuntó que uno de los problemas más serios de la obra pública es que los postores no tienen la capacidad de conseguir una carta fianza del sistema financiero. Para solucionar este problema, Pérez Reyes planteó al Congreso dos caminos.
Uno es la creación de un “fideicomiso para el manejo de los recursos que recibe el contratista”, que funcionaría como un adelanto directo, en el caso de su sector, para los servicios de construcción de carreteras.
En el caso de las “obras chicas”, según el ministro, debería permitirse la posibilidad de que las entidades públicas puedan tomar la administración directa de las obras, en caso un proceso haya sido declarado desierto más de dos veces.
“Tenemos al Ejército con mucha maquinaría y personal preparado para esto. Coordinado con nosotros, podrían hacer obras. Los caminos vecinales en el pasado se hicieron así. La idea es plantearlo como una excepción, no regla”, comentó.
El MTC también propuso al Congreso eliminar el límite para solicitar adicionales de obra, hoy fijado en 50%. “Si ponemos un tope, nos limita a encontrar soluciones. Nos hemos encontrado con hechos imprevistos que alteran de manera importante la obra y el contrato. Podríamos dejarlo abierto (sin tope) y el adicional se justifique, porque así debe serlo”, comentó Perez Reyes.
El ministro también dio su opinión sobre la definición de grupo económico. Para Pérez Reyes, el Congreso no solo debería impedir que postule más de una empresa vinculada.
“Las sanciones que aplique a una empresa miembro debería ser suficiente para inhabilitar a cualquiera del grupo económico, de tal forma que todas cuiden su reputación y no abandonen la obra si una es seleccionada”, apuntó.
Pérez Reyes cerró su participación indicando que su sector ve pertinente que también se impida contratar empresas que tengan una acusación fiscal formal en curso.
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Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Especializado en áreas como inversión pública, construcción y saneamiento, y economías ilegales.
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