A inicios de este mes, en entrevista con Gestión, el presidente de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), Mauro Gutierrez, alertó que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) alistaba una medida que a su consideración iba a devenir en una intervenión del ministerio en las tarifas de agua.
Días después, el regulador emite un comunicado alertando riesgo de injerencia política para fijar tarifas de agua. “Esta eventual injerencia política incentivaría el retorno a ineficientes modelos que fijaban las tarifas de agua sin análisis técnicos, perjudicando la sostenibilidad de los servicios de agua potable, desagüe y tratamiento de aguas servidas”, argumentó Sunass.
Todo esto responde a los cambios que busca hacer el MVCS al Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, en el marco de la delegación de facultades legislativas.
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Frente a todo esto, el ministerio respondió. “Tenemos la misión de hacer respetar el artículo 7-A de la Constitución Política del Perú: El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona de acceder al agua potable”.
¿Qué argumenta la cartera que lidera Hania Pérez de Cuéllar? En principio, rechazó el comunicado de Sunass, “su contenido político y actitud antitécnica”.
“(El ministerio) reafirma que, a través de la delegación de facultades, no pretende regular las tarifas de los servicios de agua potable y saneamiento, ni afectar la autonomía del organismo regulador, único responsable de la fijación de tarifas”, dijo el MVCS.
En detalle, dice el ministerio, los cambios que buscan hacer al D.Leg. N° 1280 propone acabar con: la fijación de tarifas por debajo de costos, con criterios políticos, que ponen riesgo la sostenibilidad del servicio de agua y saneamiento; y el uso de los recursos fiscales en subsidios ineficientes que afectan a la población más vulnerable.
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“Para lograrlo, se propone desarrollar: un sistema regulatorio moderno, basado en criterios internacionales y en la experiencia exitosa de otros reguladores nacionales. Un esquema de subsidio cruzado equitativo, debidamente discutido, que permita que la población más vulnerable acceda a un servicio oportuno de agua segura y a tarifas justas”, argumentó Vivienda.
Según el comunicado del ministerio, su propuesta recoge lo afirmado por la OCDE: “Las tarifas que cobran son insuficientes para recuperar costos”. También recoge la opinión del Banco Mundial: “La mayoría de los proveedores no pueden cubrir los costos de operación y mantenimiento, ni invertir en mejorar sus sistemas, debido a las tarifas bajas que obedecen a razones políticas”.
“Como sociedad debemos reconocer que el sistema de agua y saeamiento vigente ha fracasado. El momento de corregirlo ¡es ahora!”, resaltó MVCS.
