Minería peruana enfrenta mayor riesgo de interrupciones y daños a la propiedad en el 2022

La mina Las Bambas, propiedad de la china MMG, anunció el 3 de diciembre la suspensión de sus operaciones de producción de cobre en Perú a partir de mediados de diciembre debido a los continuos bloqueos de carreteras en el corredor minero Apurímac-Cusco-Arequipa por parte de miembros de las comunidades locales de Chumbivilcas, provincia de Cusco. Los bloqueos han detenido temporalmente el transporte de cobre desde la mina en la única ruta directa al puerto de Matarani en Arequipa.

Los bloqueos de carreteras continuarán interrumpiendo las operaciones mineras ya que es poco probable que el gobierno llegue a más que acuerdos locales temporales con las comunidades. Las Bambas representa el 2% de la producción mundial de cobre, en tanto las pérdidas causadas por los bloqueos le cuestan a la empresa un estimado de US$ 9.5 millones diarios, según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Es probable que el gobierno intente negociar una solución temporal con los habitantes de Chumbivilcas dada la importancia económica de Las Bambas, ya que representa el 15% de la producción total de cobre del Perú; sin embargo, como se vio con los acuerdos pasados negociados por la administración del presidente Pedro Castillo, es probable que resurjan las quejas.

En el caso de Las Bambas, el gobierno negoció un acuerdo firmado el 5 de octubre entre las comunidades de Chumbivilcas y el proyecto de cobre Las Bambas después de casi dos meses de bloqueos intermitentes. La mina ha experimentado casi tres meses de bloqueos intermitentes en lo que va del 2021, con al menos 17 comunidades en el área con quejas o en negociaciones con la empresa.

En otras partes del sur de Perú, ha habido otras protestas en los últimos dos meses, que involucran bloqueos en los proyectos de cobre Tintaya Antapaccay de Glencore y Constancia de Hudbay en la región de Cusco. Es usual que los bloqueos de carreteras duren hasta 15 días, momento en el que suele intervenir el gobierno y se llega a acuerdos provisionales.

Los recientes mensajes contradictorios del gobierno exacerbarán los reclamos. La primera ministra Mirtha Vásquez firmó el 19 de noviembre un acuerdo con las comunidades locales de Coracora, Ayacucho, que establecía que no se permitiría ninguna extensión para la explotación o exploración de cuatro minas que operan en la zona: Pallancata e Inmaculada de Hochschild, Breapampa de South America Mining Investments (SAMI) y la mina Apumayo de la empresa del mismo nombre.

El Gobierno peruano, sin embargo, dio marcha atrás en su decisión del 24 de noviembre, ‘aclarando’ que las empresas mineras pueden solicitar extensiones a sus concesiones tras el desacuerdo expresado por varias asociaciones empresariales, incluida la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y la SNMPE.

Aunque la ‘aclaración’ posterior del gobierno tranquilizó a las empresas afectadas, es probable que aumente los riesgos de protestas en la región de Ayacucho. Las comunidades locales que firmaron el acuerdo con Vásquez han rechazado la ‘aclaración’ y están pidiendo al gobierno que retome su compromiso, dando al gobierno hasta el 15 de diciembre para hacerlo. Las comunidades locales siguen oponiéndose a cualquier actividad minera en la zona.

A medida que aumentan los conflictos sociales relacionados con la minería, aumentará el riesgo de daños a la propiedad tanto selectivos como colaterales. Las expectativas de las comunidades mineras han sido altas desde la toma de posesión del presidente Castillo y, después de haberlo apoyado fuertemente en las elecciones presidenciales, exigen a cambio una acción rápida del gobierno.

Es poco probable que el gobierno cumpla con estas altas expectativas, especialmente porque es probable que situaciones que resulten en mensajes contradictorios, como los que se dieron en Ayacucho, se repitan, generando más quejas significativas de larga data. La negociación del primer ministro con las comunidades de Coracora se produjo después de las violentas protestas del 30 de octubre que provocaron que 500 personas traspasaran el perímetro de seguridad de la mina Apumayo, robaran explosivos e incendiaran el campamento minero y los vehículos de la empresa.

También es probable que las violentas protestas aumenten hasta el 2022, como se vio en los últimos meses cuando el 30 de octubre un grupo de manifestantes prendieron fuego a un camión cisterna de agua de la mina Antamina mientras realizaban una protesta contra la empresa cerca del puerto de Punta Lobitos, desde donde se exporta el cobre de la mina.

Es probable que se produzcan enfrentamientos violentos entre los manifestantes y la policía nacional si esta última intenta despejar los bloqueos de carreteras con gas lacrimógeno y bastones, como se vio el 24 de noviembre, cuando los habitantes de Saqui Totora, Sina, bloquearon las carreteras y atravesaron el perímetro de seguridad de la mina Argos, lo que resultó en un enfrentamiento con la policía.

Indicadores de entorno de riesgo cambiante

Riesgo creciente

Las posibles percepciones de los manifestantes de que el gobierno no está progresando lo suficiente en el cumplimiento de sus demandas aumentaría la probabilidad de protestas sostenidas contra proyectos mineros, inicialmente con barricadas.

La facción radical del partido gobernante Perú Libre aumenta el apoyo a las comunidades locales contra las industrias extractivas a nivel regional, afectando especialmente áreas de alto conflicto como Cusco y Apurímac.

Riesgo decreciente

El gobierno puede aprobar cambios en el sistema tributario del Congreso, aumentando los ingresos directos a las comunidades locales y reduciendo las quejas. Según el sistema tributario canónico actual, la mitad de los ingresos tributarios directos pagados por las empresas mineras se redistribuye entre los niveles de gobierno regional, provincial y distrital, pero no a las comunidades como tales.

El informe que lleva la firma de Janes Defence fue proporcionado por SyndiGate Media Inc.